¿Por qué es imperativo que los candidatos “hagan trizas” los acuerdos Santos-FARC a partir del 7 de Agosto?

Prácticamente todos los candidatos aceptan, con o sin modificaciones, la legitimidad del secretariado del grupo narcotraficante FARC en el Congreso, y la coadministración de justicia con la JEP. Ese escenario plantea una disyuntiva radical para Colombia. En concreto, los candidatos legitiman la entrega del poder constituyente a Santos y al grupo narcotraficante, lo que directa o indirectamente es avalado por cada uno de los partidos políticos.

En medio de la campaña presidencial, hasta el momento, los candidatos presidenciales han tratado de evitar hacer pública una decisión clara frente a los acuerdos Santos FARC, la JEP y sus implicaciones institucionales. Esta postura, sin embargo, demostraría con claridad el bajo talante de la campaña presidencial, sometiendo a los electores a las ambigüedades de todos y cada uno de los candidatos, todos aceptando, parcial o totalmente, la victoria institucional del narcotraficante y el presidente Juan Manuel Santos en Cuba.

En concreto, la constitución de 1991 determina con claridad las obligaciones a que todo presidente está sometido en el momento en que ejerza fuero efectivo de su posesión. Así las cosas, el marco institucional colombiano, está y debe estar protegido por la Constitución, que a su vez, independientemente de sus errores, debe ser protegida en primer lugar por el presidente de la Republica. Y en segundo lugar, por el Congreso y las altas cortes.

[pullquote] Con ocasión de las concesiones ilegales e inconstitucionales entregadas al grupo narcotraficante FARC, todo el andamiaje jurídico de la constitución se destruyó. [/pullquote] En concreto, se legisló para las FARC. Como resultado, con los meses, Colombia reformó subrepticiamente sus instituciones, y junto con la JEP, se someterá a la población a una nueva e inconstitucional rama judicial a partir del 7 de Agosto.

Ante el evidente incremento de la influencia política de las FARC ocupando puestos fijos en el Congreso, los candidatos a la presidencia se han abstenido de comprometerse respecto al futuro de la JEP. Así las cosas, desde el 7 de Agosto, los colombianos tendrán un gobierno compartido con el secretariado de las FARC en el parlamento, con miles de millones de financiación, y un organismo judicial supraconstitucional. En resumen, el panorama de menor gobernabilidad para un presidente entrante en la historia moderna de la república.

Hasta el momento, la postura más respetuosa pero limitada de la Constitución la ha planteado Iván Duque. Sin embargo, en sus debates, ha asumido una anuencia parcial a los nuevos términos institucionales planteados por Santos y las FARC, lo que quiere decir, que cogobernara con las condiciones impuestas por el grupo. Adicionalmente, el [pullquote] Centro Democrático ha planteado la posibilidad de “modificar” los acuerdos establecidos con el terrorismo, lo que significa implicitamente, la aceptación a la violación del pasado plebiscito[/pullquote] , y la disposición a saltarse la arquitectura de gobierno establecida en 1991, luego de la Asamblea Nacional Constituyente.

En suma, prácticamente todos los candidatos aceptan, con o sin modificaciones, la legitimidad del secretariado del grupo narcotraficante FARC en el Congreso, y la coadministración de justicia con la JEP. Ese escenario plantea una disyuntiva radical para Colombia. En concreto, los candidatos legitiman la entrega del poder constituyente a Santos y al grupo narcotraficante, lo que directa o indirectamente es avalado por cada uno de los partidos políticos.

Hasta el momento, sin excepción, todos los candidatos presidenciales aceptan la totalidad o parcialidad de las reformas constitucionales impuestas por la actual administración. Si esta tendencia se mantiene, independientemente de quien sea el presidente, Colombia carecerá de un marco a partir del cual se lleven a cabo verdaderas reformas. Así las cosas, el país perderá por ambos costados, y los candidatos, en equipo, venderán las instituciones y la Carta Magna del 91, la única a partir de la cual se puede iniciar un verdadero proceso político.

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