Existe en Colombia vacío de poder? Análisis de El Nodo

Al contrario de las expectativas, Presidencia de la República, contraviniendo las obligaciones constitucionales desde antes de iniciar el proceso de conversaciones en la Habana, afirmó que a las FARC no se les podía derrotar militarmente, lo cual no solamente no era verdad sino que dejaba en el aire la verdadera voluntad de conceder al terrorismo sus demandas.

Si existe una frase para definir la negociación del gobierno con la organización terrorista FARC es: “Con cara ganan las FARC y con sello también”. Según la tendencia en materia de orden público, todos los indicadores de violencia del país venían en descenso desde el año 2002, la negociación por ello no era ni siquiera una alternativa para el gobierno, sino una necesidad para el terrorismo. Para rematar, Human RIghts Watch, organización que otras ocasiones fue crítico con la negociación de la administración de Alvaro Uribe, que extraditó, nego consesiones territoriales, desmovilizó en plenas conversaciones, embargo cuentas y encarceló comandantes y miembros de organizaciones paramilitares, señaló que el acuerdo de Juan Manuel Santos es una "piñata de impunidad" en la que los delincuentes pueden hasta "diseñar su propio castigo".

Al contrario de las expectativas, Presidencia de la República, contraviniendo las obligaciones constitucionales desde antes de iniciar el proceso de conversaciones en la Habana, afirmó que a las FARC no se les podía derrotar militarmente, lo cual no solamente no era verdad sino que dejaba en el aire la verdadera voluntad de conceder al terrorismo sus demandas. Bajo ese panorama, el proceso de conversaciones dio inicio, con un gobierno de brazos caídos y unos narcotraficantes orgullosos de sentar al propio Presidente de la República a su nivel, en el régimen que más ha violado los derechos humanos en el continente en los últimos 50 años; Cuba.

Hoy la situación revela que en Colombia existiría un evidente vacío de poder, que no puede ser sustituido por los medios de comunicación, los periodistas que elogian al presidente o los que han sido beneficiados con recursos públicos. El último informe sobre justicia transiciones buscaría no solamente igualar a la fuerza pública con las FARC como causantes del conflicto, sino también a la ciudadanía en general bajo el argumento de que también es parte del mismo. Adicionalmente, el fiscal general de la nación se anticipa afirmar que los guerrilleros que reconozcan crímenes de lesa humanidad no pagarán cárcel, lo que configuraría un escenario de impunidad nunca antes visto en Colombia., dadas las dimensiones de la organizaciones terrorista FARC y sus conocidas prácticas de narcotráfico, secuestro masivo, reclutamiento forzado, extorsión y ataques a la población civil.

Adicionalmente, la semana pasada, el presidente se adelantó a proponer hasta 10 territorios especiales de concentración de miembros de la organización terrorista, lo que en comparación con el Caguan, seria no solo una nueva victoria para la organización narcotraficante, sino una nueva concesión no estratégica de un estado incapaz de imponer términos de acuerdo a delincuentes que desde el año 2006 se encontraban en abierta desbandada.

Para cerrar el panorama, la economía colombiana se encuentra atravesando un punto de no retorno que revelaría además que el interés de la administración en concentrar su presupuesto, energías y recursos en la negociación con delincuentes, lentamente comienza a pasar una cuenta de cobro que en el año 2016 puede traer consecuencias dramáticas.

Como se detalló con anterioridad, hasta hace dos semanas, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas daba un parte de tranquilidad público para anunciar que el dólar se estabilizaría en 3,200 pesos, sin embargo, al cierre del viernes 18 de Diciembre (solo 2 semanas después), la tasa de referencia de cambio frente al dólar fue fijada al cierre en un total de 3.343,12 pesos y adicionalmente, se estima que la inflación del país pueda al cierre del año alcanzar incrementarse en un 6%, lo que aún más agravaría la situación de la economía, que además tendría una de las tasas impositivas más altas de la región. Con ello, el país evidencia un difícil panorama de gobernanza que evidenciaría la existencia de un vacío de poder y la posibilidad de que este sea reemplazado por actores políticos tradicionales o no tradicionales, sea que estos vengan de la legalidad o de la ilegalidad.



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