La Paradoja de la Justicia Transicional contra el Coronel (R) Plazas Vega y a favor de las FARC y el M19

. El 9 de junio de 2010, Plazas Vega fue condenado a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada, en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia en el año 1985. En el interim trascurrieron 25 años, pero aún ahora el caso genera polémicas y posiciones contradictorias en el seno de la sociedad colombiana.

Heridas profundas que no restañan, parecen conformar el tejido social y político en Colombia, evidenciándose particularmente cuando se trata de la administración de justicia.

La justicia transicional, que representa el conjunto de medidas jurídicas y políticas dirigidas  a reparar las violaciones masivas a los derechos humanos, no escapa a la paradoja de presentar expresiones que implican contradicción; no escapa de los claro oscuros de un panorama de hechos y dichos contrarios a la lógica, lo que, con frecuencia, desemboca en un limbo jurídico difícil de dilucidar y en acciones penales interminables, máxime cuando las violaciones a los derechos humanos no tienen prescripción.

En medio del acuerdo que se busca firmar en la Habana, y el apretón de manos del presidente con el comandante de las FARC, un caso contradictorio lo encarna el proceso y condena del Coronel (R) Alfonso Plazas Vega (1944), en Colombia. El 9 de junio de 2010, Plazas Vega fue condenado a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada, en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia en el año 1985. En el interim trascurrieron 25 años, pero aún ahora el caso genera polémicas y posiciones contradictorias en el seno de la sociedad colombiana.

Cuando el 6 de noviembre de 1985, la guerrilla del M-19 realizó un asalto armado al Palacio de Justicia, Plazas se dirigió al Palacio, para emprender su retoma bajo las órdenes del entonces presidente Belisario Betancourt y junto a sus superiores Arias y Edilberto Sánchez. Ante el holocausto que dejo más de 120 personas muertas, entre ellos numerosos magistrados asesinados con tiros de gracia, el objetivo era retomar el palacio y rescatar rehenes, pero se ha dicho que el grupo comandado por Arias, Plazas, Sánchez y otros militares, ejecutaron el ‘Plan Tricolor’ que consistió en acabar con los subversivos, pero sin tomar en cuenta la vida de los rehenes. El espíritu de esta determinación se refleja en la expresión formulada por Plazas durante los hechos:

          “Mantener la democracia maestro, aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes ni contra ninguna de las ramas del poder público,, en este momento, esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro; que el Ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esto es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar”

La justicia colombiana cerró el caso en el mismo año 1985 enjuiciando a la cúpula del grupo guerrillero M-19 y estableciendo que “ningún subversivo sobrevivió”, según la versión oficial de las fuerzas armadas.

Con posteridad sin embargo, Plazas fue acusado, especialmente por organizaciones de derechos humanos de  conformar grupos paramilitares en Cundinamarca y de la desaparición de sobrevivientes durante la toma al Palacio de Justicia. Su responsabilidad y reputación se vieron tan comprometidas, que el gobierno alemán no  aceptó su nombramiento como cónsul en Hamburgo en el año 1995, y tampoco lo hizo la diplomacia americana cuando no le concedió visa diplomática para su nombramiento como cónsul en la ciudad de los Ángeles el mismo año y por las mismas razones. Finalmente, fue nombrado funcionario diplomático en Sudáfrica.

En el año 2002, fue nombrado Director Nacional de Estupefacientes, cargo en el que permaneció hasta el 2004. En noviembre del 2005, la Fiscalía General reabrió el proceso por los desaparecidos al encontrar méritos después de 20 años de impunidad. En este período se presentan hechos contradictorios, por ejemplo, el ex presidente Belisario Bentancourt, invitado a declarar, manifestó en enero de 2006, que él “había sido informado por sus generales de la salida de varios guerrilleros vivos del Palacio, pero que desconocía sus nombres y número”, lo cual contradecía la información militar de 1985.

Por otro lado, el suboficial del Ejército Edgar Villamizar declaró ante la Fiscalía, en el año 2007, que presenció torturas ordenadas por Plazas, contra civiles que habían sido rescatados en la retoma del Palacio de Justicia, para luego retractarse ante la Procuraduría General de la Nación en al año de 2011 diciendo que nunca declaró y que fue suplantado en su comparecencia anterior. El Cuerpo  Técnico de Investigaciones  de la Fiscalía determinó, no obstante, que tanto la declaración del 2007 como la del 2011, corresponden a la misma persona.

El juicio logró terminar en el tiempo estipulado  cuando el 21 de septiembre de 2009 se presentaron las pruebas y testimonios de los testigos, la Fiscalía General de la Nación pidió condenarlo mientras la  Procuraduría General de la Nación pidió absolverlo. Finalmente, Plazas fue condenado a 30 años de prisión por la Juez Tercera Especializada de Bogotá,  María Stella Jara, el 9 de junio de 2010., con base en videos existentes sobre los hechos acaecidos. Sin embargo, muchos consideran esta sentencia como favorecedora para los interese de las FARC y el M-19

La condena de un integrante de las fuerzas armadas en medio de la presión por lograr salvar a los magistrados de La Corte Suprema de Justicia  y perseguir a la organización M19, es un caso excepcional que no se discute abiertamente en la Habana, dados los intereses del actual gobierno en buscar a toda costa firmar un acuerdo con los integrantes de las FARC.

La contradicción entre las obligaciones de los miembros del estado, y la legitimidad política e institucional que se les busca dar a desmovilizados de las FARC, es sin embargo un problema que ni el gobierno nacional, ni los principales medios de comunicación del país buscan solucionar.  En este sentido, las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe en contra de los beneficios políticos y de participación electoral que el gobierno Santos podría dar a la comandancia de las FARC, pueden configurar el igualar la legitimidad institucional con la subversión narcotraficante, lo que de no resolverse el problema de la influencia del narcotráfico en el país, puede traer nuevas organizaciones criminales fortalecidas bajo el amparo de la justicia transicional.



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