Lo que hizo posible la libertad fue la gradual evolución de la disciplina de la civilización que es al mismo tiempo la disciplina de la libertad.
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Vicky Dávila se enfrenta al periodismo Santista ante secuestrados. Una explicación legal del caso

Adicionalmente, el artículo 270, en su contenido de Circunstancias de agravación punitiva, establece taxativamente los términos a partir de los cuales el caso de los 14 policías secuestrados en Tumaco no solamente configura un delito simple sino agravado.

Los medios Santos SEMANA, El Espectador y Caracol, en las últimas horas han llamado deliberadamente al secuestro de 14 policías en Tumaco una retención. Ante los hechos, la periodista Vicky Dávila, en su red social de Twitter, ha emplazado abiertamente a que tales hechos no sean enunciados en medios como retención, sino como secuestro, lo que concuerda con el ordenamiento penal doméstico y los tratados internacionales del país suscritos en materia de derechos humanos.

Concretamente, hace pocas horas se confirmó el secuestro por más de 24 horas de hasta 14 policías en Tumaco, específicamente en el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera. La publicación de la noticia por las prestigiosas casas editoriales, sin embargo, ha sido presentada como un caso de retención, lo que no solamente es falso a la luz del derecho penal colombiano, sino un evidente caso de manipulación.

La información fue confirmada directamente por la policía nacional, la fiscalía y el Ministerio de Defensa Nacional, quién hace pocos minutos confirmaba la posible liberación de los miembros de la fuerza pública por pobladores del área. Sin embargo, a pesar de que el delito de “retención” no existe en el ordenamiento jurídico nacional, tanto la Revista SEMANA como el periódico El Espectador y Caracol se refieren al hecho como una “retención”, y no como un secuestro.

Concretamente, el ordenamiento jurídico colombiano, incluye en el código penal los términos a partir de los cuales se configura el delito de secuestro, tanto en su modalidad de secuestro simple como en su modalidad de secuestro extorsivo.

En efecto, el artículo 268 del Código Penal se refiere al delito de Secuestro Simple como “El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a trescientos sesenta (360) meses y multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”.

 Adicionalmente, el artículo 289, se refiere al delito de secuestro extorsivo como: “Secuestro extorsivo. Subrogado. Ley 40 de 1993, Art. 1. El que arrebate, substraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40) años, y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos mensuales. En la misma pena incurrirá quien arrebate, sustraiga, retenga o oculte a una personalidad de reconocida notoriedad o influencia pública

La claridad del artículo constitutivo del cuerpo jurídico doméstico en los casos contemplados, pone en blanco y negro el grado de manipulación de la información llevada a cabo por los medios cercanos a la presidencia de Juan Manuel Santos, y la falta de conocimiento y veracidad de la información en hechos claramente identificables a la luz del derecho penal colombiano.

Adicionalmente, el artículo 270, en su contenido de Circunstancias de agravación punitiva, establece taxativamente los términos a partir de los cuales el caso de los 14 policías secuestrados en Tumaco no solamente configura un delito simple sino agravado. Concretamente, las penas señaladas por el delito incluyen los siguientes agravantes (algunos de los cuales ya se han configurado en el caso presentado ante las autoridades):

“La pena señalada en el artículo 1o. se aumentará entre ocho (8) a veinte (20) años más, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias:

1. Si el delito se comete en persona inválida o enferma, o de menos de 18 años, o que no tenga la plena capacidad de auto determinación o que sea mujer embarazada. 
2. Si se somete a la víctima a tortura física o moral o a violencia sexual durante el tiempo que permanezca secuestrada. 
3. Si la privación de libertad del secuestrado se prolonga por más de quince días. 
4. Si se ejecuta la conducta respecto de pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o en algunos de los copartícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. 
5. Cuando el delito se comete por persona que sea empleado oficial o que sea o haya sido miembro de las fuerzas de seguridad del Estado. 
6. Si se comete en persona que sea o hubiere sido empleado oficial, periodista o candidato a cargo de elección popular y por razón de sus funciones. 
7. Cuando se presione la entrega o verificación de lo exigido, con amenaza de muerte o lesión o con ejecutar acto que implique grave peligro común o grave perjuicio a la comunidad o a la salud pública. 
8. Cuando se cometa con fines terroristas. 
9. Cuando se obtenga la utilidad, provecho o la finalidad perseguidos por los autores o copartícipes. 
10. Cuando se afecten gravemente los bienes o la actividad profesional o económica de la víctima. 
11. Cuando por causa o con ocasión del secuestro le sobrevengan a la víctima la muerte o lesiones personales. 
12. Si se comete en persona que sea o haya sido dirigente comunitario, sindical, político o religioso. 
13. Si el hecho se comete utilizando orden de captura o detención falsificada o simulando tenerla. 
14. Adicionado. Ley 282 de 1996, Art. 11. Cuando se trafique con la persona secuestrada durante el tiempo de privación de la libertad.

Así las cosas, el caso de los policías secuestrados pone de nuevo en evidencia la falta de objetividad de medios que durante los últimos años se han plegado a la agenda política de la administración, alterando en casas editoriales.

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