En 24 horas Petro podría perder su Curul. Artículo 122 de la Constitución obliga a decidir al Consejo de Estado contra el “exterrorista”

Petro tiene hasta 3 sentencias condenatorias en firme por los delitos ejecutoriados en su contra que lo obligan a reparación patrimonial, por sumas que superan los 130.000 millones de pesos.

En menos de 24 horas, el Consejo de Estado se aprestaría a fallar sobre la permanencia o eliminación de la curul del peligroso “excomandante terrorista” del M19, conocido como Gustavo Petro. La decisión del Consejo de Estado estaría motivada por una demanda de inhabilidad establecida en el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, que imposibilita a servidores públicos condenados por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del estado a ser miembros del Congreso. Al respecto, Petro tiene 3 sentencia condenatorias.

En concreto, el artículo 122 de la Constitución reza textualmente:

“Artículo 122. (…) Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público.”

A lo que agrega:

“Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos que afecten el patrimonio del Estado. Tampoco quien haya dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.”

Al respecto, Petro tiene hasta 3 sentencias condenatorias en firme por los delitos ejecutoriados en su contra que lo obligan a reparación patrimonial, por sumas que superan los 130.000 millones de pesos. La situación de Petro adicionalmente es tan apremiante a la luz del ordenamiento jurídico, que ante el incumplimiento de sus propias obligaciones la Contraloría ordenó el embargo de la reposición de votos del excabecilla, lo que aún hace parte de la discusión sobre el dinero que se perdió en su alcaldía.

De hecho, el pasado 21 de Noviembre del 2018, la decisión fue directamente ratificada por la Contraloría, donde un informe del periódico El Espectador menciona como:

“Se trata de investigaciones que datan de 2013 y que ya habían sido proferidas en primera instancia. Frente al primer proceso, el funcionario sostuvo que hubo un detrimento por la inutilización de vehículos compactadores por valor de $40.000 millones. En opinión de la Contraloría, pese a que se adquirieron 218 vehículos, solo se usaron 102, es decir que se inutilizaron 116. La otra multa tuvo como origen una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que evidenció fallas en la implementación del nuevo esquema de aseo en la capital de la República. Por este proceso, incluidos los intereses, la multa asciende a $91.000 millones”

Ante la evidencia, se había solicitado en su momento aplazar la sesión a Petro, no obstante, hace pocas horas se acaba de confirmar que el alto tribunal se negó a aceptar una solicitud para aplazar la audiencia contra el "congresista".

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