Abogado contratista de Petro, es la parte denunciante contra Santiago Uribe

Adicionalmente, el abogado Daniel Prado Albarracín, había sido denunciado por haber llevado contratos con la alcaldía del alcalde Gustavo Petro por valores superiores a los $619 millones de pesos.

En las últimas horas, ante la orden de captura que la fiscalía decidió reanudar luego de cuatro años de espera contra Santiago Uribe Vélez, se conoció que el abogado que estaría detrás del proceso sería Daniel Prado Albarracín, conocido representante jurídico y contratista del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien se encuentra desde ayer en visita a Venezuela con el Partido Socialista Unido. En concreto, en estos momentos, el abogado Albarracín se ha remitido a las autoridades para asegurar que tiene testigos contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que por ende representará los intereses de las que según él son las víctimas de Santiago Uribe.

Lo que extraña del caso es que precisamente el mayor opositor político del ex presidente Uribe es Gustavo Petro, quien en las últimas horas se encuentra en diálogos con el Partido de Nicolás Maduro en Venezuela -y no descarta volver a Caracas-, y quién fuese requerido por la Procuraduría por incurrir en faltas sobre su administración en Bogotá. Así, el abogado del saliente alcalde, Daniel Prado Albarracín, se convertiría en la persona que junto con Petro, el colectivo José Albear Restrepo (juzgado por falsos testigos) y la fiscalía, buscarían hallar pruebas para formalizar la detención de Santiago Uribe, que se dió incluso cuando su proceso había cerrado en el 2010.

Adicionalmente, el abogado Daniel Prado Albarracín, había sido denunciado en medios por haber llevado contratos con la alcaldía del alcalde Gustavo Petro por valores superiores a los $619 millones de pesos. En concreto, en el momento en el que Albarracín había tomado el caso de Petro, Petro habría afirmado ante la opinión pública que Albarracín trabajaba ad honorem por la democracia, pues según el “pertenece(n) a la corriente democrática del derecho”. Albarracín sin embargo, no solamente no trabajaba ad honorem, sino que luego de una investigación contractual en la alcaldía, Prado aparece firmando contratos con el IDU, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), el Fondo Financiero de Salud, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) y el Fondo de Vigilancia, por 619 millones de pesos.

Según se denunció en su momento, adicionalmente, Albarracín renunció ante las presiones que sobre el recayeron, para adicionalmente terminar tomando otro contrato por un valor de $90 millones de pesos en uno de los procesos conocidos como el “Carrusel de la Contratación”. De hecho, la empresa de Prado Albarracín, a través del distrito busco representar los intereses de Emilio Tapia, Julio Gómez y los primos Nule por un valor adicional de 350 millones de pesos.

En adición, la cercanía de Albarracín con Petro se infiere cuando días más tarde, Albarracín con el distrito no solo siguió contratando, sino que según registro de la alcaldía, suscribió otro contrato con la UAESP por 69 millones de pesos, y la Secretaria de Salud del distrito.

Finalmente, Albarracín, que ahora busca denunciar al ganadero eximido en primera instancia en 2010, fue precisamente el abogado encargado por Gustavo Petro para viajar hasta Washington en el año 2014 para defender sus decisiones ideológicas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

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