“Acuerdos de Cuba” serían jurídicamente inaplicables por uso de “Alias”

En lo referente a la autenticidad de los documentos, el artículo 252 del código civil colombiano, estipula que: “Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad…”

En las últimas horas, se ha conocido a través de denuncias ciudadanas, que los acuerdos de los representantes del gobierno nacional con el secretariado de la organización terrorista FARC en Cuba, no incluyen en la firma de las partes ni el nombre real de los signatarios de la organización, ni sus cedulas de ciudadanía. De esta manera, la legalidad de los mismos, y las implicaciones sobre las responsabilidades jurídicas de los signatarios conforme al derecho penal y civil colombiano, se ven gravemente lesionados, considerando la  importancia del registro  civil del individuo en todo tipo de acuerdo contractual con las instituciones del estado.

Según el documento completo que incluye el articulado de los acuerdos, y cuya extensión es de un total de 297 páginas, al final del mismo se presenta un espacio para la firma de las partes. [pullquote] En la sección correspondiente a la participación de los miembros del secretariado de la organización terrorista FARC, se enumeran los alias sin sus respectivos nombres ni número de registro civil ante el estado [/pullquote], de:  alias Iván Márquez, alias Pablo Catatumbo, alias Pastor Alape, alias Joaquín Gómez, alias Ricardo Téllez, alias Jesus Santrich, alias Victoria Sandino, alias Luis Carvajal.

En concreto, ninguno de los representantes de la organización narcotraficante perfeccionó el acuerdo con las instituciones del estado colombiano haciendo uso ni de su cedula de ciudadanía, ni de su nombre completo, lo que podría evidencia una grave violación tanto al ordenamiento jurídico colombiano, como a la potestad del gobierno nacional de demandar validez de los acuerdos en el marco de la ley colombiana.

Como lo estipula claramente la constitución política de Colombia y la Ley 39 de1961, la cédula de Ciudadanía es el documento de identificación para hombres y mujeres mayores de diez y ocho (18) años ciudadanos colombianos. Al respecto, adicionalmente, la [pullquote] Corte Constitucional en su sentencia 694 de 2001, ha descrito como: “La Constitución y la Ley han asignado a la cédula de ciudadanía, tres funciones particularmente asignadas pero unidas por una finalidad común, cual es la de identificar a las personas, permitir el ejercicio de sus derechos civiles y asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política que propicia y estimulas la democracia.” [/pullquote]

En lo que respecta a la evasión de responsabilidades políticas y penales derivadas de las acciones del secretariado de la organización terrorista FARC, a la luz del ordenamiento jurídico colombiano, la identificación de todo acuerdo contractual demanda la utilización del documento público de identidad de ciudadanos mayores de edad. Al respecto, en lo referente a la autenticidad de los documentos, el artículo 252 del código civil colombiano, estipula que: “Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad…”

En este elemento jurídico en particular, el concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto a la identificación de documentos de ciudadanos colombianos, expresa que: “la cédula de ciudadanía por ser un documento público se presume auténtica y en este entendido no se puede suponer, evidenciar o concluir que es falso hasta que la autoridad judicial obre declaración en ese sentido.”

 Adicionalmente, el mismo contenido de la Corte Constitucional en su sentencia 694 de 2001, expresa que:

[pullquote] Jurídicamente hablando, la identificación constituye la forma como se establece la individualidad de una persona con arreglo de las previsiones normativas. [/pullquote] La ley le otorga a la cédula el alcance de prueba de la identificación personal, de donde se infiere que solo con ella se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se exija la prueba de tal calidad, En estas condiciones, este documento se ha convertido en el medio idóneo e irremplazable para lograr el aludido propósito.

[…]

En resumen, la cédula de ciudadanía representa en nuestra organización jurídica, un instrumento de vastos alcances en el orden social, en la medida en la que [pullquote-left] se considera idónea para identificar cabalmente a las personas, acreditar la ciudadanía y viabilizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos [/pullquote-left] ´”

Así las cosas, bajo el marco jurídico de la constitución política de Colombia, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en lo que respecta la acreditación de la ciudadanía y la viabilización del ejercicio de los derechos civiles y políticos, el “Acuerdo de Cuba”, no solo sería ilícito sino también inaplicable.

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