El conflicto de intereses del contralor delegado que acusa al ex mandatario Uribe de adquirir “baldios”

De acuerdo al portal La Silla Vacía, se confirmaría adicionalmente que el responsable del inicio de la investigación por el supuesto caso de “baldios”, fue además mano derecha de Juan Camilo Restrepo y fue asesor en los acuerdos de la Habana – Cuba. En el primer caso, junto con Juan Camilo Restrepo, se sabría que escribió un libro llamado “La cuestión agraria”, homónimo a una obra marxista escrita por Karl Kautsky en alemán en 1899 (Die Agrarfrage).

En las últimas horas, los periódicos El Tiempo, El Espectador y la Revista SEMANA han hecho eco de una investigación que aparentemente inició la Procuraduría acusando al ex presidente Álvaro Uribe Velez y otras personas de procesos de adquisición de baldíos en Colombia. Aunque a diferencia de las notas especulativas de estos medios, el proceso de adquisición del ex mandatario se dió cumpliendo la ley, adquiriendo predios a poseedores legales y legítimos de los terrenos, lo que se desconoce del capítulo, es el hecho de los intereses políticos detrás de tales acusaciones, y la notable parcialidad del ente acusador en un nuevo caso de activismo político judicial.

Hace pocas horas, el ex mandatario en su cuenta personal, declaró que detrás de tales imputaciones se encuentra el Contralor delegado para el sector agropecuario Andrés Bernal Morales. Lo que no se sabía, sin embargo, son los antecedentes del contralor delegado -hechos públicos en un informe de la Silla Vacia y otros medios-, que podrían configurar un nuevo caso de activismo legal en Colombia.

El contralor delegado fue director del capítulo suramericano de una ONG de indigenismo radical llamada Rights + Resources

Según el portal LaSillaVacia, el contralor delegado Andrés Bernal Morales, fue quien “dirigió el capítulo suramericano de la ONG Rights and Resources Initiative”. Esta organización, apoyada por notables ONG de izquierda como la FORD Foundation, hace parte de una red de organizaciones que realizan activismo político con comunidades a través de la creación de procesos jurídicos y movilizaciones, manipulando a comunidades indígenas a reclamar sus “derechos” mientras reciben recursos internacionales.

El caso del activismo político ejecutado con organizaciones indígenas, es bien conocido en Latinoamérica, particularmente en Bolivia, Venezuela y Brasil. En los tres casos, los gobiernos de izquierda radical han utilizado a las poblaciones nativas para hacer uso de procesos de expropiaciones de tierras que en ocasiones han dejado muertos. El caso mas evidente es el de Brasil, donde muchas de estas organizaciones estimulaban incluso con la violencia a que se lleven a cabo ocupaciones ilegales, posteriormente autorizadas por gobiernos populistas como el de Lula Da Silva. 

Desde el año 2014, el activista afirma que en materia de tierras “los acuerdos de La Habana se ciñen a la Constitución” y que el “problema agrario” de las FARC se remonta a "Marquetalia"

En un artículo publicado en el portal Razón Publica, el responsable de los procesos afirma que la agenda agraria del grupo narcotraficante FARC, es constitucional, y que según el “Si bien en muchos aspectos las FARC siguen siendo dogmáticas y retrógradas, en otros temas, como el agrario, es indudable que escogieron el pragmatismo”.

 [pullquote]La realidad, sin embargo, es que los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC si dan vía libre a la expropiación, y facilita el asentamiento de los grupos armados en territorios donde han tenido influencia histórica.  [/pullquote]En un análisis del periódico El Tiempo, adicionalmente se relaciona como:

“Como base de la estrategia para el acceso y el uso de la tierra, el acuerdo entre Gobierno y Farc tiene previsto habilitar un fondo de distribución gratuita. Durante los próximos diez años, ese fondo dispondrá de tres millones de hectáreas y se nutrirá por medio de seis mecanismos; uno de ellos es el de la extinción judicial de dominio de predios ilegales que pasen a manos de la Nación. También se dispondrá de los baldíos que han sido recuperados mediante procesos agrarios; de las tierras provenientes de la delimitación y actualización de las reservas forestales y de las que no están siendo explotadas.”

Desde esta perspectiva, el proceso que el mismo contralor delegado inició facilitaría el posicionamiento de la agenda concertada de expropiaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo narcotraficante FARC en el régimen cubano de Raúl Castro. La situación tampoco sería nueva en la región y permite además el posicionamiento de programas de izquierda radical mediante el uso de instituciones del estado como en este caso la Procuraduría  y la Contraloría para iniciar campañas de desprestigio sin pruebas contra figuras públicas de la oposición. En Colombia adicionalmente, se recuerda el episodio del activismo judicial del saliente fiscal Eduardo Montealegre, quien podría en el futuro enfrentarse a cargos de prevaricato y prevaricato por omisión.

El contralor delegado sería mano derecha de Juan Camilo Restrepo en un libro homónimo de literatura marxista y fue "asesor agrario" en los acuerdos de la Habana – Cuba

De acuerdo al portal La Silla Vacía, se confirmaría adicionalmente que el responsable del inicio de la investigación por el supuesto caso de “baldios”, fue además mano derecha de Juan Camilo Restrepo y fue asesor en los acuerdos de la Habana – Cuba.

En el primer caso, junto con Juan Camilo Restrepo, se sabría que escribió un libro llamado “La cuestión agraria”, homónimo a una obra marxista escrita por Karl Kautsky en alemán en 1899 (Die Agrarfrage). El lanzamiento del libro fue además promocionado por organizaciones abiertamente contrarias a la oposición democrática en Colombia, como la fundación Arco Iris, dirigida en su momento por un ex comandante del grupo terrorista ELN como León Valencia.

En el segundo caso, el mismo contralor delegado, fue según información del portal independiente “La Silla Vacia”, miembro del comité asesor en asuntos agrarios del gobierno en la Habana Cuba, lo que pone de nuevo en entredicho su objetividad para valorar asuntos de esta naturaleza, y sus probables intereses políticos.

Aunque los medios de comunicación han hecho de la investigación en curso, los antecedentes revelados hace pocas horas ponen en entredicho la verdadera parcialidad del ente investigador, y asomaría de nuevo un caso de activismo judicial como el de las elecciones presidenciales pasadas, en cabeza de la figura del fiscal Eduardo Montealegre.

Hasta el momento no ha habido más declaraciones del Contralor delegado ante la información publicada por portales independiente como La Silla Vacía, sin embargo, ante la ambigüedad de las acusaciones, y el respaldo superficial de publicaciones cercanas al gobierno, el país en visperas de elecciones podría estar presenciando el inicio de nuevos casos de activismo judicial contra figuras destacadas de la oposición.

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