¿Por qué la sentencia de secuestro de la JEP contra las FARC es una farsa sofisticada?

Pero, todo parece indicar que su anuncio puede ser solo para contrarrestar la desconfianza de la ciudadanía frente a la institución y no habrá penas efectivas para los victimarios.

La denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es el mecanismo extrajudicial de justicia transicional, creado durante el acuerdo de La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo terrorista FARC, y luego de 3 años ha anunciado que imputará cargos por secuestro a los cabecillas FARC. Pero, todo parece indicar que su anuncio puede ser solo para contrarrestar la desconfianza de la ciudadanía frente a la institución y no habrá penas efectivas para los victimarios. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan efectiva, independiente y eficiente es la denominada JEP?

Si nos remontamos a su raíz epistemológica de lo que debería ser un tribunal de justicia transicional, y la justicia transicional en sí, podemos entender porque en Colombia más que tener un mecanismo de juzgamiento extrajudicial, tenemos una subversión jurídica, dedicada a todo, menos a cumplir con lo que debería cumplir un tribunal de justicia transicional: el juzgamiento de quienes cometieron delitos contra los derechos humanos.

Antes de hablar directamente de la JEP, exploremos un poco sobre el término “justicia Transicional”. Según Paul Van Zyl, experto en escenarios de postconflicto, la justicia transicional es “un conjunto de mecanismos usados para tratar el legado histórico de la violencia de los regímenes autoritarios”. Partiendo de esta definición, surge la pregunta de, ¿por qué en Colombia hablamos de justicia transicional si en ningún momento hemos estado bajo un régimen autoritario? Por el contrario, Colombia es la excepción en la región y no vivió un periodo de dictadura. En ese sentido, instaurar mecanismos de justicia transicional en el país, estaría de alguna forma jugando en favor del grupo terrorista FARC, pues se estaría aceptando implícitamente que en Colombia no existía una democracia y por esa razón se buscó un acuerdo con los mismos.

Pero en nuestro país, desafortunadamente, ya caímos en la trampa y permitimos que en seque se implementaranimplementarán los mecanismos de justicia transicional. Dentro de dichos mecanismos, el más importante es el tribunal que se creó para juzgar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, denominado Jurisdicción Especial para la Paz. No obstante, por bonito que suene el nombre, la forma de actuar de sus magistrados, hace pensar que las funciones por las que deberían velar, no se están cumpliendo.

En su artículo académico, “Promoviendo la Justicia Transicional en Sociedades Postconflicto””, Van Zyl afirma que los tribunales creados en procesos de justicia transicional se crean como una capacidad adicional de la justicia, para juzgar delitos contra los derechos humanos sistemáticos y en gran cantidad, capacidad que por lo general la justicia ordinaria no tiene. A pesar de esto, lo que se ha visto hasta el momento de la JEP es querer hacerse los de la vista gorda con los delitos contra los derechos humanos por parte de las FARC. Luego de 4 años, la JEP habla de la imputación de cargos por secuestro, apenas el primer delito. Lamentablemente, es posible que dicha imputación se quede solo en palabras, y como lo han hecho en varias oportunidades, las FARC salgan bien libradas de este delito con mentiras que la JEP decide creer, sin ir más allá. Por lo tanto, la JEP no estaría cumpliendo con su objetivo de investigar y judicializar delitos sistemáticos de lesa humanidad.

De la misma manera, Van Zyl afirma que un tribunal de justicia transicional no debe permitir que los crímenes de lesa humanidad, como el secuestro, el asesinato o la tortura, queden en la impunidad. Según el autor, de quedar en la impunidad, los perpetradores de dichos delitos seguirán cometiendo crímenes, generando inestabilidad y conflicto en un país. Adicionalmente, afirma que el dejar crímenes en la impunidad es no cumplirle a las víctimas con la reparación y permitir que el deseo de venganza de algunas víctimas aumente. Como es de común conocimiento, el acuerdo de La Habana, por medio de la denominada JEP, blindó jurídicamente a los cabecillas FARC, permitiéndoles evadir la justicia, sin pagar por sus crímenes.

Igualmente, Van Zyl afirma que en aras de brindar confianza a la ciudadanía, en un proceso de justicia transicional, el tribunal encargado de impartir justicia, debe asegurarse que ninguna persona que haya cometido un delito contra los derechos humanos, ocupe un cargo público. En Colombia les regalamos 10 curules a criminales de lesa humanidad, hoy son funcionarios públicos y como lo hemos podido ver, la confianza hacia las instituciones ha disminuido notablemente. 

Finalmente, el autor nos deja una última lección para un mecanismo extrajudicial en un proceso de justicia transicional. Según el académico, se debe tener cuidado con firmar un acuerdo en el que los victimarios no busquen reparar a las víctimas o someterse a la justicia, por el contrario, que su objetivo sea solo evadir su responsabilidad, como ha sucedido en varias oportunidades, puues esto no traería paz y las víctimas jamás serían resarcidas. Las continuas mentiras en las declaraciones de los cabecillas FARC, la no entrega de los benes ni de sus armas, y las pruebas que los asocian directamente con el narcotráfico, deja claro que las FARC jamás buscaron someterse a la justicia, ni reparar a sus víctimas.

Luego de comparar lo que debería tener un tribunal extrajudicial y lo que tiene la denominada JEP, podemos afirmar que la Jurisdicción Especial para la Paz, no es más que una herramienta jurídica subversiva implementada por el acuerdo de La Habana, para el beneficio jurídico y económico de los cabecillas FARC. Mediante el uso de lenguaje de forma inapropiada, nos quieren convencer que nuestro mecanismo de justicia transicional, es un modelo en el mundo entero. Sin embargo, el mencionado tribunal podría no cumplir con ningún requisito de lo que los expertos podrían llamar un tribunal de justicia transicional. 

Lejos de llevarnos a una paz estable y duradera, podría estarnos llevando al fin de la democracia, la proliferación de la violencia y la victoria de los criminales. En este orden de ideas, el anuncio de enjuiciar a quienes secuestraron, podría ser una farsa sofisticada, en donde los victimarios cuentan con un blindaje jurídico, que no permitirá que paguen por sus delitos ante la justicia.

 

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