Ultima decisión de Montealegre le podría costar investigación por prevaricato

El Ministro de Defensa de la época fue el propio presidente de la República Juan Manuel Santos. La iniciativa del fiscal saliente por este motivo no solamente es ciega jurídicamente, sino extraña a un análisis político y legal superficial.

La radicación de investigaciones contra el General Mario Montoya, comandante que lideró y ejecutó la operación Jaque contra la organización terrorista FARC, revelaría un inusual caso de prevaricato del fiscal saliente Eduardo Montealegre, en medio de un mandato que puede dar lugar a investigaciones penales futuras contra el saliente funcionario.

De hecho, la capacidad que tiene el General Mario Montoya para controlar cada una de las actuaciones de los miembros del ejército en los casos denominados como los “falsos positivos”, no solo es nula de acuerdo a las obligaciones de los comandantes en un escenario de combate al terrorismo en Colombia, sino totalmente inconsistente con las funciones de la cadena de mandos del ejército y los términos de responsabilidades del código penal militar.

Por otra parte, la imputación de cargos sobre el General, representa una extraña conducta histórica de la saliente administración de la Fiscalía General de la República, en medio de un país que ha buscado castigar severamente a todas las formas de delincuencias, pero que desde el organismo buscó ventajas para los actuales comandantes terroristas en Cuba.

Por estos motivos, las medidas de aseguramiento contra el General Mario Montoya y Henry Torres, podrían tener como interés desviar la atención de los verdaderos motivantes de la violencia en Colombia, politizando decisiones judiciales a través del uso de la fiscalía, y medios de comunicación que en meses atrás han firmado millonarios contratos con el gobierno nacional.

La decisión del fiscal saliente por este motivo, no solo es insólita en un país de tradiciones constitucionales estables como Colombia, sino claramente contraria a las funciones del máximo organismo de justicia del estado Colombiano.

En concreto, de acuerdo a lo contemplado en el código penal colombiano, el prevaricato es una manifestación de un abuso de autoridad, sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración. Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un servidor o juez en el ejercicio de sus competencias. Las decisiones que se puedan tomar contra un General de la Republica evidentemente distinguido a lo largo del ejercicio de sus funciones en defensa del estado Colombiano, no solamente contraria el objetivo constitucional y social del aparato jurídico del país, sino que pueden ser una amenaza preocupante para futuras actuaciones del ente judicial.

De hecho, paradójicamente durante el escándalo de los falsos positivos, el Ministro de Defensa de la época fue el propio presidente de la República Juan Manuel Santos. La iniciativa del fiscal saliente por este motivo no solamente es ciega jurídicamente, sino extraña a un análisis político y legal superficial. Con la decisión, y su intempestiva salida de la fiscalía, el actual fiscal Eduardo Montealegre puede haberse delatado como sujeto actuante de prevaricato. Al respecto, seria responsabilidad jurídica y política del ente rector encargado, analizar los verdaderos objetivos del funcionario que hoy deja el cargo, de lo contrario se afectaría aún más gravemente la institucionalidad y el orden constitucional de Colombia. 

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