A juicio exministra estrella de Juan Manuel Santos por corrupción en caso ODEBRECHT
Frente al caso de Cecilia Álvarez, se conocieron pruebas que data del 2017 contra la exministra de transporte y la entonces ministra de educación Gina Parody.
Alvarezodebrecht
Friday, October 6, 2023 - 16:09

La Fiscalía General de la Nación ha confirmado, en las últimas horas la acusación formal a la exministra de transporte del gobierno de Juan Manuel Santos, Cecilia Álvarez por el caso de corrupción en el contrato de concesión de la Ruta del Sol II, y la adición Ocaña – Gamarra al proyecto víal.

Frente al caso de Cecilia Álvarez, se conocieron pruebas que data del 2017 contra la exministra de transporte y la entonces ministra de educación Gina Parody.

En concreto, en su momento, la entonces vicefiscal de la nación Maria Paulina Riveros, declaro textualmente que:

“Puedo informar que en el seno de la investigación se ha venido recaudando importante material probatorio que servirá de insumo para la adopción de las decisiones que en el momento se estimen pertinentes”.

Señalando tener pruebas fehacientes de la participación de facto en el respectivo contrato de ampliación de la Ruta del Sol II cuyo principal ejecutor fue Odebrecht.

Las dos exministras están involucradas en la firma del contrato para la ampliación de un tramo de la Ruta del Sol II y por incorporar 2 peajes en la vía Ocaña – Gamarra que beneficiaron a la familia de Parody.

Así mismo, de acuerdo a las pruebas que han salido a la luz se señala que:

El 12 de agosto de 2014, Álvarez pidió al Conpes:

«de acuerdo con el artículo 1 del decreto 4487 de 2009 solicito su colaboración para agendar de manera prioritaria el documento de política Modificación al plan de inversiones del documento Conpes 3571».

«La modificación que se presenta al Conpes, comprende la declaración de importancia estratégica del corredor Ocaña – Río de Oro – Aguaclara – Gamarra y las conexiones a puertos fluviales al norte y sur de Gamarra».

51 días después de la carta se dio origen al Conpes 3817.

Ese Conpes es el que generó las investigaciones de la fiscalía y la procuraduría.     

Aunque para el 2018, la investigación fue archivada para el 2019 se decidió reabrir el proceso.

La Fiscalía General de la Nación ha confirmado, en las últimas horas la acusación formal a la exministra de transporte del gobierno de Juan Manuel Santos, Cecilia Álvarez por el caso de corrupción en el contrato de concesión de la Ruta del Sol II, y la adición Ocaña – Gamarra al proyecto víal.

Frente al caso de Cecilia Álvarez, se conocieron pruebas que data del 2017 contra la exministra de transporte y la entonces ministra de educación Gina Parody.

En concreto, en su momento, la entonces vicefiscal de la nación Maria Paulina Riveros, declaro textualmente que:

“Puedo informar que en el seno de la investigación se ha venido recaudando importante material probatorio que servirá de insumo para la adopción de las decisiones que en el momento se estimen pertinentes”.

Señalando tener pruebas fehacientes de la participación de facto en el respectivo contrato de ampliación de la Ruta del Sol II cuyo principal ejecutor fue Odebrecht.

Las dos exministras están involucradas en la firma del contrato para la ampliación de un tramo de la Ruta del Sol II y por incorporar 2 peajes en la vía Ocaña – Gamarra que beneficiaron a la familia de Parody.

Así mismo, de acuerdo a las pruebas que han salido a la luz se señala que:

El 12 de agosto de 2014, Álvarez pidió al Conpes:

«de acuerdo con el artículo 1 del decreto 4487 de 2009 solicito su colaboración para agendar de manera prioritaria el documento de política Modificación al plan de inversiones del documento Conpes 3571».

«La modificación que se presenta al Conpes, comprende la declaración de importancia estratégica del corredor Ocaña – Río de Oro – Aguaclara – Gamarra y las conexiones a puertos fluviales al norte y sur de Gamarra».

51 días después de la carta se dio origen al Conpes 3817.

Ese Conpes es el que generó las investigaciones de la fiscalía y la procuraduría.     

Aunque para el 2018, la investigación fue archivada para el 2019 se decidió reabrir el proceso.

De acuerdo a las cifras registradas por el ICBF, para el 2021 se registraba un aumento considerable de menores de edad reclutados por organizaciones criminales y terroristas en el país.

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