Por: Jennifer Gallón @JenniferGallonM
Durante más de cuarenta años, la Comisión de Acusaciones de la cámara de representantes, ha tenido un protagonismo mediático significativo, pero lamentablemente como la institucionalidad en su mayoría, ante la opinión pública tiene una imagen de un organismo inútil y sin efectos reales, en medio de una pérdida de credibilidad del Congreso y la mayoría de órganos del Estado. Pero, ante los abusos de poder tanto frontales como encubiertos del Presidente Gustavo Petro Urrego y su círculo de seguidores, será que por primera vez esta comisión cumplirá su deber y ¿cambiará la historia del país, esta vez?
Comenzare por decir que la Fiscalía General de la Nación, tiene una función crucial la correcta administración de justicia y además dentro del normal desarrollo de sus facultades legales y misionalidad constitucional, y en el desarrollo de sus actividades como ente de control adscrito a la Rama Judicial del poder, puede solicitar si las circunstancias lo exigen, y dada la importancia nacional de la problemática, remitir la unificación de procesos de carácter electoral y político al Consejo Nacional Electoral-CNE y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Es muy importante referir el principio de la separación de los poderes y la independencia de los organismos de control frente a un sistema fuertemente presidencialista como el nuestro.
No obstante, hay un reto importante que es recuperar la legitimidad de dichas instituciones y que los procesos de articulación judicial pasen de ser un escándalo mediático temporal a realmente dejar el precedente de poner límites frente al abuso de poder, del actual o de cualquier Gobierno del futuro.
Por otro lado, analizando el origen del Consejo Nacional Electoral. Se crea en la década de los 30’s -al igual que las Comisiones de Empalme y Transición, con el fin de crear un mecanismo incluyente de los partidos políticos tradicionales en su momento es decir, el liberal y el conservador - en igualdad de condiciones, para dar las garantías electorales a los partidos y movimiento políticos nacientes para la cada vez más creciente mayoría electoral. Dicho mecanismo, fue evolucionando a medida que se presentaron cambios importantes en el sufragio como el derecho al voto femenino- que fue resultado del Plebiscito de 1957, o la declaratoria en 1971 donde se estableció que la mayoría de edad sería a los 18 años y no a los 21 como anteriormente se hacía. Y por supuesto, a la pluralidad de partidos creados a lo largo del tiempo, unos producto de procesos de paz durante nuestro muy largo Conflicto Armado, otros como facciones de los partidos tradicionales -y eso incluye al Partido Comunista Colombiano-, y otros como expresiones libres y autónomas de comunidades, liderazgos y poblaciones como los afrocolombianos o indígenas que la Constitución de 1991 reconoció como sujetos con derechos políticos con régimen especial.
La forma en que se elige el CNE- consiste en una votación por parte de la Cámara de Representantes que envía planchas de posibles candidatos para ocupar los nueve (9) escaños de representación, más que de los partidos políticos, de las mayorías y minorías en favor, en contra o independientes al Gobierno de turno. Lo cual hace parte de la Organización Electoral junto a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Desde hace 30 años ha sido así, solamente que ahora por la Ley 1909 de 2018 o Estatuto de Oposición, fijar dichas posiciones es obligatorio. La cooptación de miembros, se hace, en síntesis de la clase política, que ahora tendrá poder disciplinario y de juzgamiento sobre autoridades elegidas por voto popular desde lo electoral (con la respectiva conexión con lo judicial, si se comprueba la incurrencia en tipos penales electorales ya claramente establecidos por la Ley). He allí el quid del asunto de la desconfianza pública a esta figura de organismo independiente.
Por otra parte, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tiene la facultad legal de juzgar políticamente las actuaciones del Presidente, Vicepresidente, Ministros y otras autoridades de poder decisorio, por hechos ocurridos tanto en ejercicio de su cargo, como en el proceso de llegar a los cargos. La Cámara de Representantes, que tiene la mayor cantidad de congresistas (188), refleja la representatividad de las fuerzas políticas en las regiones del país, es decir que allí se refleja el peso y contrapeso de las fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso. ¿Se acuerdan que los magistrados del CNE se eligen mediante ternas presentadas en planchas propuestas por las bancadas de la Cámara de Representantes? Bueno, es allí, donde se ha perdido la credibilidad de dicho organismo, porque, las mayorías parlamentarias casi siempre están a favor del Gobierno, y se hace un presunto juicio pero de allí, no pasa y queda en la total impunidad dichas conductas y delitos cometidos por personas de cuello blanco. Bueno, recuerden el “casi siempre”.
Gustavo Petro Urrego, ha logrado desbaratar su propia coalición de Gobierno, su Gabinete y pese a que el Pacto Histórico se compone de 16 partidos políticos, muchos de ellos o son muy pequeños o no tienen representación parlamentarias. Sumado esto, a la declaratoria de independencia de los partidos tradicionales, que antes eran de Gobierno. Ese fue el harakiri de la ejecución de sus reformas. Los partidos de Oposición no llegan a los 30 escaños.
Casi siempre el Congreso respalda al Gobierno, los medios respaldan al Gobierno, los gremios respaldan al Gobierno. Esta vez no. Por “no ser del establecimiento” dirían los seguidores de la izquierda, aquí fácilmente caen en el victimismo y la doble moral, cuando han atacado de maneras violentas y degradantes a otros presidentes. No, es precisamente por querer pasar por encima del ordenamiento jurídico, las formas y tradiciones, incluso no escritas en el Parlamento, pero sobre todo, el que presuntamente haya utilizado -él mismo o sus cercanos- métodos ilegales en lo financiero. Y que como pocos gobernantes en la historia democrática más o menos estable recurra a la persecución a la prensa, el populismo violento, el proselitismo político en las elecciones regionales desde el Gobierno Central, pero sobre todo por creer que la impunidad reinante en el país y su tolerancia en aras de construir la paz que tanta falta nos hace como sociedad, haga que “corriéndose la línea ética”, nuestra indiferencia institucionalizada, falta de cultura política y pasividad nos lleve a perder la libertad y hasta nuestra existencia como Nación si permitimos que se destruya el Estado de Derecho la división tripartita del poder y lo más grave que permitamos por intereses políticos y corrupción que se sigan tomando malas decisiones en perjuicio de los intereses nacionales.
Finalmente, hay que hacer énfasis y reiterar en todo escenario nacional e internacional, que la separación de las Ramas del Poder Público, es vital y la base de una verdadera república democrática y participativa. Esperemos que el Presidente, lo entienda y se acabe la soberbia y la ansias de impunidad, que él durante años, como congresista opositor pidió para sus contradictores. señor Gustavo Petro “La ley es para todos” hay que dejar tanta poesía y llamar las cosas como son. Esperamos que la comisión de acusaciones, cumpla con el mandato que le dio la constitución y la ley velando por el bienestar de todos los Colombianos.