Por: Jennifer Gallón Martínez @JenniferGallonM
El asesinato de Erika Aponte en Unicentro el pasado domingo, fecha de celebración del Día de las Madres (la fecha festiva más violenta en Colombia desde hace décadas) debe analizarse desde una perspectiva lejana al amarillismo revictimizante tanto de los grandes medios de comunicación como de quien debería ser la primera autoridad de la ciudad de policía y del orden público que ha estado utilizando las redes sociales y el Canal Capital, para hablar entorno a la prevención de los feminicidios a pesar de que las cifras siguen en aumento, ya que cuando fue elegida promovía como pilar más importante la defensa de los Derechos Humanos y la prioridad de las rutas de atención para las mujeres víctimas de violencia.
Antes de comenzar quiero hacer claridad, que durante todos estos años en mi ejercicio como comunicadora y en el activismo político, he sido defensora de la vida desde la concepción, y por supuesto que estoy de acuerdo con la reivindicación de las mujeres, pero muy lejos de las olas actuales donde existe un claro sesgo de disrupción y destrucción de la sociedad, basado en la dicotomía de enfrentar a hombres y mujeres como enemigos, sin entrar en los gravísimos problemas sociales y de salud mental que traerá la ideología de género.
Por esta razón, hablo de asesinato, aunque existe desde 2015, como tipo penal el delito de feminicidio en reemplazo del homicidio agravado por perpetrarse contra la mujer principalmente por parte de compañeros sentimentales y como sujeto de derechos de protección prioritaria, reforma que fue criticada en su momento por activistas jurídicos del feminismo manifestando que un cambio de nombre o unas prioridades de forma, no iban a cambiar la situación de violencia contra las mujeres. Cualquier vida humana arrebatada miserablemente es sagrada y valiosa, sea hombre o mujer.
Como abogada, cumplo la Ley y respeto la terminología, pero como persona que cree y promueve unos principios y valores, respeto la razón y el idioma.
Existen muchísimas aristas para analizar los comportamientos que llevan a una cultura del odio, la cosificación de la mujer y la desnaturalización de su valor como ser humano igualdad de capacidades, sentimientos y autonomías. El papel de las mujeres es fundamental, y debe ser reconocido así por todas las sociedades y no solamente en la garantía de los derechos fundamentales, sino en todo ámbito pero aún persiste la exclusión basada en prejuicios que han sido heredados de generación en generación, al menos en algunas sociedades de Occidente se han ido superando pero en Colombia es evidente el trato desigual en varios ámbitos como el político.
Pero todo derecho implica deberes. Todo derecho se soporta en la sesión de voluntades de otras personas. Y es de responsabilidad de las mujeres desde la cultura de convivencia social con hombres y otras mujeres, sobre todo desde la pauta de la crianza a esos hombres, donde la mujer, desafortunadamente ha transmitido pautas negativas de masculinidad, de relaciones interpersonales e incluso de faltas contra la moral y la ética.
¿Quién ha permitido por décadas todo tipo de comportamientos violentos, intolerantes e irrespetuosos por parte de hombres y mujeres? ¿Quién se pone feliz de escuchar y bailar letras de canciones que se refieren de forma morbosa y deshumanizada a las mujeres? Nosotras mismas. Pero al marxismo cultural, no se le puede pedir autocrítica ni mucho menos coherencia, aunque pregone la autocrítica como parte de su discurso.
La administración Distrital, ha llegado con la forma en que se ha manejado este durísimo caso de criminalidad, intolerancia y reflejo del fracaso de la política de seguridad. La primera autoridad de la capital del país, degradando su función a un reality show una tragedia humana dando pormenores que alteran de forma delicada el transcurso del proceso penal derivado lógicamente de oficio por parte de la Fiscalía y las autoridades aún sin realizarse autopsia ni ningún tipo de diligencia de custodia de los menores de edad hijos de la víctima.
No menos grave, es el conflicto político en que se ha enfrascado la Administración bogotana con el Alcalde de Soacha -municipio vecino al sur de la ciudad integrado a la dinámica social, económica y de movilidad de Bogotá-, dado que la víctima Erika Aponte era residente de dicha ciudad, debido a su condición económica y a que no obtuvo respuesta institucional del Distrito frente a los antecedentes de abuso cometidos por el perpetrador del homicidio a pesar de que el sujeto fue en dos oportunidades a su lugar de trabajo y la amenazaba constantemente con atentar contra su vida y la de su familia, tal como lo mencionó su padre.
Las decisiones políticas de verdad inciden en la vida de todos. Un crimen sin precedentes, sumado a la indiferencia social, instrumentalizado políticamente de forma despreciable -y esto aplica tanto para las declaraciones vía redes sociales tanto del Presidente de la República como de algunos congresistas de Oposición-. generando un conflicto que incluso puede debilitar la integración pendiente entre Bogotá y los territorios de su área metropolitana. La alcaldesa Claudia López cada día más borra con el codo lo que ha escrito con las manos en los temas por los cuales fue llevada a su cargo en 2019 por la votación más alta de la historia capitalina desde que se eligen autoridades regionales de forma democrática.
Por último, uniéndome al clamor de todas las mujeres de Bogotá y de todos los ciudadanos, digo: ¡Ni una más! ¡Ni una muerte más! ¡Ni un ataque más! ¡Ninguna manifestación de violencia contra las mujeres más!...pero también le digo a nuestra alcaldesa, que los ciudadanos y nosotras las ciudadanas de Bogotá -parafraseando su lenguaje inclusivo que en nada ayuda a salvar vidas-: ¡Alcaldesa ni una más! ¡Ni un acto populista más! ¡Ni un acto de populismo mediático más! ¡Ni un enfrentamiento más! ¡Ni un acto de indolencia contra Bogotá más!
¡Ni una más alcaldesa!