A través del Consejo de Estado, presidencia estaría buscando agilizar destitución de Procurador Alejandro Ordoñez

La salida del procurador Alejandro Ordoñez facilitaría las pretensiones del Presidente y del Fiscal General, quienes aducen bajo facultades extraordinarias dictar decretos en beneficio de las FARC, lo que por su permanencia puedan ser vigilados o impugnados por la procuraduría.

En los últimos días, diferentes medios de comunicación han dado a conocer la posible salida del procurador Ordoñez por decisión del Consejo de Estado en un hecho que ha venido tratándose desde hace más de un año aduciendo vicios en el proceso de reelección del mismo. Este caso, que en su momento fue presentado por diferentes juristas los cuales a través de demandas buscaban la nulidad del cargo público de Ordoñez, presenta varios elementos de corte político por encima de su invalidez jurídica.

En concreto, la permanencia del procurador en el cargo tiene su origen en un oficio presentado hace un año sobre el cual fueron interpuestas tres demandas; en ellas aducían que la figura de reelección del procurador no estaba promulgaba en principios constitucionales y por tanto se concedía bajo parámetros fuera de ley. Además de ello, según lo mencionado en las demandas, el proceso de elección presentaba vicios argumentando la cercanía y familiaridad de senadores y magistrados que votaron a favor, lo que es obvio dada la posibilidad de la reelección del procurador ante la constitución.

Sin embargo más allá del tema de nulidad por conceptos extra-constitucionales o vicios de poder que aducen fueron contemplados cuando se presentó la reelección, las continuas diferencias y las críticas que este último ha  promulgado al proceso de paz y a las  políticas que viene adelantando el presidente Santos pueden explicar los verdaderos motivos de su salida.

En concreto, las continuas divergencias entre las dos partes han sido ampliamente divulgadas desde el inicio del segundo mandato del presidente Santos y del proceso de Paz con las FARC. Desde entonces el Procurador Ordoñez ha estado al tanto de la agenda de conversaciones con duras críticas al mismo; lo que presionaría desde presidencia un resultado contrario en el Consejo de Estado y la decisión que posteriormente ejecute la nueva terna de magistrados -la mayoría de ellos pertenecientes a la coalición del gobierno del presidente Juan Manuel Santos-.

Adicionalmente, la interferencia que pueda ejercer el presidente Santos en los diferentes órganos de control como el judicial significaría sobrepasar la autoridad competente otorgada por la constitución y leyes decretadas para beneficio propio; en este caso buscando que críticos del proceso se alejen de organismos de control, desafiando la institucionalidad nacional. Lo anterior, entre otras consecuencias, convendría a las políticas del presidente Santos que buscan reformar la carta magna y crear plebiscitos para aprobar acuerdos promulgados en la Habana.

Es bajo estos supuestos que la salida del procurador Alejandro Ordoñez facilitaría las pretensiones del Presidente y del Fiscal General, quienes aducen bajo facultades extraordinarias dictar decretos en beneficio de las FARC, lo que por su permanencia puedan ser vigilados o impugnados por la procuraduría. Así, la salida del procurador facilitaría aún más este proceder en beneficio del carácter político y la posterior impunidad de delitos de lesa humanidad de miembros de la organización terrorista, que según las últimas declaraciones del gobierno central, blindaría de la justicia internacional a personas de  la organización que hayan infringido el derecho internacional humanitario.



Loading...