“JEP” vuelve a proteger astronómicos salarios de cabecillas “Exterroristas” de las FARC

La solicitud del abogado Moreno, reclamaba el embargo del 50% de los salarios a los máximos cabecillas del grupo terrorista FARC, hoy congresistas. Joan Sebastián afirmaba que las FARC no habían entregado al menos 10,000 millones de pesos de sus bienes, que serían para reparar a sus miles de víctimas.

En las últimas horas, la denominada JEP declaró como no procedente una solicitud de embargo a los cabecillas FARC, proferida por el abogado Joan Sebastián Moreno. Una vez más, queda demostrado el actuar sesgado y en favor del grupo terrorista FARC, por parte de la JEP, que en vez de juzgarlos por sus múltiples delitos, parecieran estar protegiéndolos. 

La solicitud del abogado Moreno, reclamaba el embargo del 50% de los salarios a los máximos cabecillas del grupo terrorista FARC, hoy congresistas. Joan Sebastián afirmaba que las FARC no habían entregado al menos 10,000 millones de pesos de sus bienes, que serían para reparar a sus miles de víctimas.

El abogado Moreno estaba en lo cierto, y eso que su solicitud fue realizada con una fuente periodística de hace 10 meses. Al día de hoy, el plazo de entrega de bienes de las FARC se venció hace 3 meses y apenas han entregado $42.680 millones de pesos de los 548.078.155.966 millones de pesos inventariados. 

Mientras que millones de colombianos que pagan a tiempo sus impuestos, trabajan por ganarse un salario digno y jamás han cometido un delito, ganan apenas un salario mínimo, los cabecillas FARC, que duraron en la clandestinidad por 5 décadas, cometieron los más atroces delitos en la historia del país y jamás pagaron por lo mismos, ganan más de 30 millones de pesos al mes. 

Desafortunadamente, las FARC cuentan con un escudero fiel: la denominada JEP. Mientras que esta institución, ilegítima a todas luces, siga funcionando, las FARC seguirán ganándose millones de pesos, sin pagar por todos los crímenes cometidos. Nuevamente, queda demostrado que el acuerdo de La Habana no se trató de las víctimas, ni del país, se trató de beneficios particulares para los cabecillas FARC y para Santos y su administración.

 

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