Por: Mariana Mora Barranco marianamora1608@gmail.com
Innumerables son las veces que Gustavo Petro hizo eco sobre la paz en su papel de opositor años previos a su presidencia, apropiándose de la misma al convertirla en parte de su discurso como el método que ulteriormente le atraería los votos suficientes para ser el nuevo presidente de Colombia. Sin embargo, como algunos ya lo habían vaticinado, tal propuesta sería una de las promesas incumplidas del actual gobierno y ante esto, hay mucho que decir.
Cumplidos dos meses del actual presidente electo en el poder, se han reportado 24 masacres y 32 asesinatos a líderes sociales, según Indepaz. Cifras que -paradójicamente- han dejado de contabilizarse por políticos y organizaciones que, cuatro años atrás, se indignaban y denunciaban con gran vehemencia las violaciones de DDHH cometidas en contra de la población colombiana, especialmente de los líderes sociales en manos de los grupos armados ilegales, exigiendo incluso, la defenestración de Iván Duque por considerarle inoperante ante situaciones como estas.
Es aquí donde el lector debería preguntarse si tal indignación era genuina o únicamente consistía en una estrategia más para obtener el resultado logrado. La actitud que asume el gobierno respecto a este panorama denota que la campaña “antibélica” cumplía más un carácter político que humanista. Y es que, ser oposición en un país democrático siempre será una tarea sencilla; parafraseando a Thomas Sowell la belleza de no hacer nada es que puede hacerse perfectamente. Solo cuando se hace algo, es casi imposible hacerlo sin errores. De ahí que Gustavo Petro en los cuatro años anteriores solo se haya dedicado a criticar y obstruir la gobernabilidad de Duque y ahora que tiene la presidencia en sus manos, no sepa qué hacer con ella.
Para ejemplificar lo anterior, desde la llegada de Gustavo Petro, se han ejecutado acciones que imposibilitan una vía a la construcción de paz que tanto se pregonaba en campaña. Una primera medida fue el haber destituido arbitrariamente a 52 generales que contaban con gran experticia principalmente en el área de inteligencia, debilitando así a la fuerza pública, lo que resulta contraproducente cuando se habla de proteger a la población de los vejámenes de los grupos armados ilegales. Y como si no fuera suficiente, la decisión del ministro de defensa acerca de suspender los bombardeos militares sobre campamentos donde pueda haber menores, determinación que generará, en consecuencia, el aumento del reclutamiento de los mismos como escudos humanos.
Aunado a lo anterior, se pretenden llevar a cabo negociaciones con grupos criminales vinculados al narcotráfico como el Clan del Golfo y el ELN. Frente a esto, cabe afirmar que, mientras exista relación entre los grupos armados y este lucrativo negocio, no podrá hablarse de “paz total”, siendo el segundo el mayor causante de la violencia que pervive en Colombia. Cualquier intento de negociación sería fallido a menos de que los beneficios que estos obtuviesen al cooperar les compensara dimitir del crimen.
En últimas, la paz total solo será una de las pantomimas de esta administración y un mecanismo eficiente para acentuar los problemas sociales existentes. La famosa potencia mundial de la vida en pocos días, ha demostrado ser todo lo contrario. No es momento de esperar cinco meses o un año para ver resultados, pues, estamos frente a un gobierno que aseguraba en campaña ser el cambio. Y ante esto no caben comparaciones carentes de sentido con el anterior, pues, un presidente no se elige para quedarse en los errores del pasado, sino para trabajar a partir de ellos y avanzar hasta que se haga impensable recaer en los mismos.