Les cuento que aún después de todo este revuelo no termino de descifrar la verdadera labor de la comisión interamericana de derechos humanos CIDH, pues está definida multi funcionalmente de manera poco clara y hasta donde hemos podido entender analiza, observa, visita, sugiere, aconseja, pasea, hace turismo y luego emite informes; claro que primero se adecua a su conveniencia y finalmente maquilla; lo que si está claro es que no regula, no soluciona, y no pone el pellejo, digamos que es un adorno de la OEA con fines netamente comunicativos que ni en chiste tiene permitido quebrar, una soberanía y mucho menos meter la mano en las tareas del gobierno.
Colombia no es una aldea, mucho menos un juego de LEGO, dónde se pueda acomodar el concepto de nación o sociedad, dependiendo de las inclinaciones personales de quien la observe y no hay nada más indignante para una una patria, que ser víctima de una de esas sectas internacionales que husmea de manera poco objetiva una nación justificados en los famosos derechos humanos que ellos hacen ver parcializados y restringidos para muchos, pero muy usados para alcahuetería de otros, tomándose además, atribuciones atrevidas e irrespetuosas de emitir conceptos irresponsables y desenfocados, sobre una crisis social, con base en paseos de días, cuando para esto se necesita convivir años o quizás décadas en un estado para poder atreverse a lanzar conjeturas JUSTAS al respecto; además en dicha comisión de siete personajes no hay un solo colombiano.
Colombia fue otro más de los países prensados por el tenedor de la observancia mal aplicada y parcializada de un grupo de personas que más que eminencias de los derechos humanos parecieran una comisión internacional de la petrista humana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está compuesta por siete personas, cuatro de ellos identificados plenamente como activistas del socialismo en sus países de origen, elegidas a título personal por una Asamblea General de la organización que se supone, deben ser personas de alta autoridad moral y reconocida destreza en materia de Derechos Humanos, pero pareciera más bien un nicho socialista de resentidos con alto rango económico y político a nivel internacional, que ponen en duda la transparencia, el sentido común, la coherencia y la imparcialidad que los debería caracterizar como órgano de la OEA eso sí muy buenos simpatizantes del antidemocrático e ilegal proceso de paz de un tal Santos.
Si ustedes no sabían con claridad quienes son esos siete elementos que dicen saber de Colombia más que un ciudadano, un presidente, o un agente de la fuerza pública que lucha día a día contra la delincuencia, aquí les cuento quienes son.
Antonia Urrejola de familia revolucionaria presente en todos los movimientos opositores a los gobierno de derecha en chile contradictoria acérrima de la fuerza pública.
Margarette May Macaulay, haitiana revolucionaria feminista lucha incansablemente porque sea abolida la pena de muerte, ha logrado la redistribución de tierras a afrodescendientes.
Esmeralda Arosemena de Teoitiño, panameña con gran bagaje socialista eso si, licenciada el filosofía, letras y educación y ciencias políticas, por su academia podríamos deducir su inclinación política.
Julissa Mantilla Falcón, abogada peruana obsesa por el feminismo.
Flavia Piovesan, opositora brasileña; sus actuaciones sociopolíticas están justificadas siempre en los trillados derechos humanos.
Joel Hernández García, mexicano de amplia experiencia en derecho internacional, pero de derecho colombiano no sabe nada.
Edgar Estuardo Ralon Orellana, guatemalteco constitucionalista con experiencia de 15 años en litigio, aquí podemos rescatar que este miembro de tan mentada comisión, siempre ha defendido la propiedad privada.
Ya viendo quienes son y sus trayectorias queda más que claro que como comisionados son excelentes alcahuetes del vandalismo y desatinados conocedores de la aplicabilidad constitucional de cada país a sus indignantes colaboraciones disfrazadas de informes; esperemos que el gobierno Colombiano, agradezca eso sí muy amablemente sus consejos y sugerencias, aunque sería maravilloso confrontar sus ridículas emisiones con pruebas palpables y coherentes del atropello que si está de verdad sufriendo la democracia, del peligro que corre el sector productivo, de los indignantes ataques a la población que construye, y de lo ridículo que es justificar criminales, vándalos y asesinos que se tapan la cara para hacerlos ver cómo victimas.
Ojalá Colombia tuviera también posibilidad de denunciar en la corte internacional de derechos humanos (distorsionados por cierto), como lo hizo Trinidad y Tobago en 1997 y Venezuela en 2012 para quitarnos de encima estas faltas de respeto que no merecemos como estado.