Cada aniversario revive la misma escena: el cielo sobre la vereda Santo Domingo, en jurisdicción de Tame, Arauca, convertido en un teatro de muerte. El 13 de diciembre de 1998 no fue un día cualquiera. Fue el día en que Colombia volvió a enfrentarse a su tragedia más incómoda: la de una guerra donde la verdad ha sido disputada, manipulada y, en muchos casos, instrumentalizada. Han pasado más de dos décadas, y, sin embargo, la pregunta sigue intacta, incómoda, necesaria: ¿quién dio la orden?
La llamada Masacre de Santo Domingo no puede entenderse sin el contexto de una zona convertida en corredor estratégico del narcoterrorismo. Arauca, en los años noventa, era un territorio disputado por la guerrilla de las FARC, que no solo ejercía control armado, sino que utilizaba a la población civil como escudo en medio de sus operaciones ilegales, financiadas por el secuestro, la extorsión y el narcotráfico.
Ese domingo de diciembre, en medio de una operación militar contra estructuras guerrilleras, una explosión sacudió el caserío. Murieron 17 personas, entre ellas siete niños. Hubo decenas de heridos. El horror fue inmediato, pero la verdad, como suele ocurrir en Colombia, tardó años en abrirse paso entre versiones cruzadas, intereses políticos y narrativas ideologizadas. Desde el primer momento, se instaló una tesis dominante: la responsabilidad recaía exclusivamente en la Fuerza Aérea Colombiana, señalada de haber lanzado un artefacto explosivo (un “cl uster” o bomba de fragmentación) sobre la población civil. Esa versión, respaldada posteriormente por decisiones judiciales nacionales e internacionales, terminó consolidándose como la verdad oficial.
Pero toda verdad oficial en Colombia merece ser examinada con rigor, no con consignas. Porque también existieron (y existen) otras preguntas, otras líneas, otros silencios. ¿Qué hacía la guerrilla en inmediaciones del caserío? ¿Por qué había presencia armada irregular tan cerca de la población civil? ¿Se utilizó a la comunidad como escudo humano? ¿Hubo manipulación de la escena? ¿Se descartaron pruebas o testimonios que no encajaban en la narrativa dominante? No se trata de negar responsabilidades estatales cuando estas han sido probadas. Se trata de exigir una verdad completa, no fragmentada. Una verdad que no exonere a los actores criminales que, durante décadas, convirtieron regiones enteras del país en campos de batalla.
El narcoterrorismo no fue un fenómeno abstracto. Tuvo nombres, estructuras y estrategias. Las FARC desarrollaron una lógica de guerra donde la vida civil era, muchas veces, una variable secundaria. La instalación de campamentos cerca de poblados, el uso de viviendas como refugio y la movilidad armada entre civiles no fueron hechos aislados, sino prácticas recurrentes. Sin embargo, en el relato que se ha consolidado en ciertos sectores políticos y judiciales, esa dimensión ha sido, cuando menos, minimizada.
El acto reciente de reconocimiento, realizado en Tame, vuelve a poner el foco en las víctimas, como debe ser. Sus voces son irrefutables. Su dolor no admite discusión. Pero el riesgo está en convertir estos espacios en escenarios de reafirmación de verdades incompletas, donde la responsabilidad se presenta en una sola dirección, mientras se diluye la complejidad del conflicto.
La memoria no puede ser selectiva. Porque cuando la historia se cuenta a medias, se convierte en herramienta política. Y en Colombia, la historia reciente ha sido, muchas veces, un campo de disputa ideológica donde sectores de izquierda han insistido en una lectura que reduce el conflicto a un esquema simplista de “Estado victimario” y “guerrilla reactiva”, ignorando el carácter criminal, narcotraficante y sistemáticamente violento de estas organizaciones.
La pregunta entonces no pierde vigencia: ¿quién dio la orden? Pero quizás haya que ampliarla: ¿quiénes crearon las condiciones para que ese día ocurriera? ¿Quiénes convirtieron a Arauca en un territorio de guerra permanente? ¿Quiénes financiaron y sostuvieron una maquinaria de violencia que terminó arrastrando a civiles inocentes?
La respuesta no cabe en una sola institución. Colombia necesita una memoria que no tema incomodar. Que no seleccione culpables según conveniencia ideológica. Que no utilice el dolor de las víctimas como plataforma política. Santo Domingo no es solo un caso judicial. Es un símbolo de lo que ocurre cuando la guerra se instala en medio de la población civil. Es la evidencia de que el narcoterrorismo dejó cicatrices profundas, pero también de que el Estado, en su deber de combatirlo, debe responder con absoluta responsabilidad y respeto por la vida.
Ambas cosas pueden (y deben) decirse al mismo tiempo. Hoy, cuando se repiten los actos de reconocimiento, el país tiene la oportunidad de ir más allá del ritual. De exigir verdad completa. De rechazar cualquier forma de violencia, venga de donde venga. Y de no permitir que el relato de nuestra historia reciente sea capturado por quienes pretenden justificar lo injustificable.
Porque la memoria, si no es íntegra, termina siendo otra forma de olvido