Por: Jennifer Gallón Martínez @JenniferGallonM
Fuera de las pretensiones de retroceso e incluso destrucción del sistema de salud colombiano, la reforma a la salud defendida con tanta vehemencia -con dosis de populismo expresadas en las conferencias desde el balcón del Palacio de Nariño, que se han vuelto costumbre-, ha sido la mayor contradicción al supuesto “Cambio” al ser, igual que otros proyectos impulsados desde el Ejecutivo en otros gobiernos, impulsado mediante la coacción y prebendas a los congresistas de partidos tradicionales, tan criticados por los discursos de campaña y las bases que apoyan al Gobierno. No hay peor combinación que la del activismo con la administración pública.
La demostración de este último argumento es el cómo llega Carolina Corcho al Ministerio de Salud en el primer gabinete conformado por el Presidente Petro. Esta médica psiquiatra de la Universidad de Antioquia, tiene una larga historia de activismo gremial y sindical en torno a temas salariales de profesionales de la salud, desde los años noventa. De allí y por sus posiciones contestatarias contra el ministro de salud de los dos gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2018), Alejandro Gaviria -quien sería en los primeros meses de Gobierno compañero de gabinete como ministro de Educación y contradictor de su reforma a la salud, lo que le costó su salida del cargo-que la llevarían a la vicepresidencia de la Federación Médica Colombiana y a presidir una ONG llamada Corporación Latinoamericana SUR, una de esas tantas que se dedican a hablar de todo, pero dar las mismas soluciones desde el estatismo radical y el asistencialismo a sectores de interés que secuestran las finanzas públicas.
Ser colaborador de campaña y haber apoyado el mayor desastre financiero, humanitario y de orden público de los últimos años que fue el Paro Nacional de 2021 parece ser que fue uno de los requisitos obligatorios para entrar al Gobierno Nacional.
Pero no todo queda ahí. La reforma a la salud, camina siempre al regreso a los tiempos oscuros del Instituto Colombiano del Seguro Social, donde la mayoría de la población del país no tenía cobertura de salud y salvo unos cuantos privilegiados, la mayoría tenía que ir a hospitales público o puestos de salud que no se caracterizaban por su limpieza, humanidad, dotación ni buen servicio. No obstante, las objeciones que realizaron los partidos tradicionales adscritos a la coalición de Gobierno, que lograron atajar la desaparición de las Entidades Promotoras de Salud-EPS (culpadas por el discurso de los seguidores del Gobierno de todos los males del sistema, exagerando como regla general algunas que desafortunadamente han realizado actos de corrupción). Y ni hablar del paso de agache a problemas como las enfermedades huérfanas, la atención prioritaria a personas en condición de discapacidad y a las cooperativas de profesionales de la salud (que abarcan desde enfermeras, auxiliares, instrumentadores y especialistas médicos) que son los verdaderos precarizados salariales del sistema, afectando la liquidez de las EPS y las Instituciones Promotoras de Salud-IPS.
Pese a los cambios y reformas, sigue preocupando a los partidos tradicionales, que hasta hace unos días eran de Gobierno y a la Oposición es una estatización, sin forma ni fundamentos reales financieros y administrativos, fortaleciendo a la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud-ADRES como un superministro y mega estructura por encima del Ministerio de Salud ¿y de los entes de control?, pero debilitando al INVIMA, en cuanto a los trámites que se requieren para las licencias de distribución y comercialización de alimentos, bebidas y medicamentos en el país, lo cual es su competencia legal.
Ahora bien, la ex ministra Corcho sale del Gobierno ante la solicitud formal de renuncia al Gabinete que el pasado martes realizó el Presidente como última medida de infundir miedo y presionar a partidos y al Congreso para aprobar no solo esta sino todos los caprichos del mandatario. Al haberse roto la coalición de Gobierno, es poco probable que por mayorías en la plenaria de la Cámara de Representantes pase la reforma, no obstante el nombramiento de Guillermo Alfonso Jaramillo pretende salvar la argumentación del Gobierno Nacional frente a los últimos trámites legislativos.
Inevitablemente para el Gobierno, la conciliación y el diálogo debe ser el camino para llevar a cabo sus proyectos en el Legislativo, y para ello, el diálogo debe ser respetuoso y con una real proyección técnica. Pese a su larga carrera política, el nuevo ministro Jaramillo ejerció y conoce un poco más la medicina práctica que su predecesora, y sabe desde la realidad operativa los cambios que en realidad necesita la salud colombiana. Esperamos que exista un mejor diálogo por el bien de todos los colombianos entre el Gobierno y las fuerzas políticas, y que el balconazo del primero de mayo, no vaya a ser un llamado a la violencia, la intolerancia y a la desinformación.
La salud colombiana debe ser reformada mediante leyes estatutarias que quiten vicios de actores intermediarios, mayor control a las EPS regionales y una ampliación de programas de prevención apoyados en visitadores médicos y telemedicina (punto propuesto por el Gobierno), no por actos populistas ni clientelismo, ni la ausencia de participación ciudadana.
Por esta razón, debe darse un final a esta crónica de una muerte anunciada de una aventura estatista con la salud de los colombianos, antes que sea la salud y la dignidad humana de los colombianos la que se acabe.