Por Silverio José Herrera Caraballo
El Gobierno decretó un aumento del salario mínimo superior al 20 % y lo presentó como una conquista histórica. Hubo festejos anticipados, discursos emotivos y una narrativa cuidadosamente construida para instalar la idea de que, por fin, el Estado había decidido ponerse del lado de la gente. Pero la economía no se gobierna con consignas ni con aplausos. Se gobierna con responsabilidad. Y ahí empieza el problema.
Porque el salario mínimo no existe en el vacío. No es un número aislado que se imprime en un decreto y mágicamente mejora la vida de las personas. Está atado a la productividad, a la inflación, al empleo formal, a los costos empresariales y, sobre todo, al precio de lo básico. Cuando se fuerza su aumento por encima de lo que la economía puede soportar, el resultado es siempre el mismo: la ilusión dura poco y el golpe llega después.
La historia económica es clara. Aumentos desproporcionados del salario mínimo terminan trasladándose al precio de los bienes y servicios. Suben los alimentos, suben los arriendos, sube el transporte, suben los servicios públicos, suben los insumos y, con ellos, la inflación que golpea con más fuerza a los hogares de menores ingresos. El salario sube en el papel, pero el poder adquisitivo se evapora en la práctica.
Quienes hoy celebran con entusiasmo quizás no han hecho aún el ejercicio de mirar más allá del primer recibo de pago. Quizás no han calculado cuánto costará llenar la nevera en unos meses, cuánto subirá el arriendo, cuántos pequeños negocios cerrarán o cuántos empleos informales aparecerán como única alternativa. Porque ese es el otro efecto silencioso: el empleo formal se contrae cuando se legisla ignorando la realidad productiva.
Esta decisión no fue técnica. Fue política. Y peor aún: fue populista. El populismo no busca soluciones sostenibles; busca aplausos inmediatos. No mide consecuencias; las posterga. No asume responsabilidades; las transfiere. Hoy el Gobierno celebra el aumento. Mañana, cuando la inflación se dispare, buscará culpables en el mercado, en los empresarios, en la oposición o en el pasado. Nunca en el espejo.
Colombia ya ha visto este libreto en otros escenarios. Algunos se resisten a aceptarlo, repitiendo que aquí “eso no puede pasar”. Que no nos pareceremos a Venezuela. Que somos distintos. Pero los países no se convierten en crisis por decreto; se deslizan hacia ella normalizando malas decisiones. Nada ocurre de golpe. Todo ocurre gradualmente, mientras muchos prefieren aplaudir antes que pensar.
Las señales están ahí. No son pocas ni nuevas. Un deterioro evidente de la seguridad, una peligrosa cercanía con grupos armados ilegales, una narrativa que relativiza el narcotráfico, ataques constantes a la institucionalidad, desprecio por la técnica, y una obsesión por gobernar desde la confrontación. El aumento irresponsable del salario mínimo se suma a ese cuadro como una pieza más de un rompecabezas preocupante.
No se trata de estar en contra de mejores salarios. Todo lo contrario. Se trata de entender que los salarios sostenibles no se decretan: se construyen. Se construyen con crecimiento económico, con inversión, con confianza, con empleo formal, con empresas fuertes y con reglas claras. Nada de eso se logra imponiendo cifras que la economía no respalda.
El problema es más profundo. Este Gobierno ha hecho del decreto una herramienta de propaganda. Ha reemplazado el diálogo técnico por la imposición política. Ha confundido gobernar con agitar. Y cuando el Estado actúa así, el daño no es inmediato, pero sí inevitable.
Hoy se aplaude el salario mínimo. Mañana se cuestionará a quien no pueda pagarlo. Pasado mañana se señalará al empresario como enemigo. Y más adelante, cuando el déficit, la inflación y el desempleo pasen factura, aparecerán las soluciones autoritarias, siempre presentadas como “necesarias” y “en nombre del pueblo”.
La historia latinoamericana ya contó ese cuento. Y siempre termina igual: con escasez, con migración, con pérdida de libertades y con una sociedad más pobre de lo que empezó.
“Y mientras aplaudían, comenzó el éxodo”. No es una frase exagerada. Es una advertencia basada en hechos.
Que nadie se sorprenda cuando el salario mínimo “histórico” no alcance. Que nadie diga que no fue advertido cuando la inflación devore el ingreso. Que nadie culpe al azar cuando la improvisación se convierte en política de Estado.
Gobernar exige más que buenas intenciones. Exige límites, conocimiento y humildad. Tres cosas que hoy parecen ausentes. Y cuando el decreto celebra, pero la nevera llora, el aplauso se convierte en silencio… y el silencio, en arrepentimiento.
Todavía estamos a tiempo de entenderlo.
Pero el tiempo, como la confianza, no espera eternamente.