Por: Jennifer Gallón Martínez, Defensora de Derechos Humanos, analista política.
A las 5:40 am, del 13 de noviembre del año 1985, el municipio de Armero, ubicado en el departamento del Tolima, Colombia, fue víctima de una de las peores tragedias naturales en la historia del país. Ese día, el volcán Nevado del Ruiz, hizo erupción y desencadenó un alud de lodo y escombros, conocido como “la lahar”, que arrasó la ciudad de Armero, dejando a su paso la muerte de más de 20.000 personas. La catástrofe sorprendió de repente a los miles de habitantes que dormían, muchos de los cuales no habían sido suficientemente alertados sobre el peligro inminente que se avecinaba.
La tragedia no solo marcó la vida de los sobrevivientes, sino también de la historia de la gestión de riesgos en Colombia, y lo que lo hizo mas gravosa la situación, fue que ocurrió 6 días despues de la toma del Palacio de Justicia, por parte del Grupo Terrorista del M19, en el cual fallecieron más de 100 personas, asi que el ambiente político y la situación social, estaba en su punto más algido, la población además estaba conmocionada, y cuando el pais no se recuperaba de dicho suceso, ocurrió el “Desastre de Armero”. Recordando, que el desastre de Armero fue provocado por la erupción del Nevado del Ruiz, un volcán ubicado en la cordillera Central de los Andes colombianos. La erupción generó una serie de flujos de lodo y escombros, conocidos como “lahars”, que descendieron por las laderas del volcán, hacia las poblaciones más cercanas.
Adicionalmente, las autoridades locales y nacionales, fueron alertadas por los volcanólogos y científicos sobre la inminente erupción, pero la respuesta fue insuficiente y omisiva frente a lo que estaba por suceder. A pesar de que existieron alertas previas, las autoridades no tomaron las medidas necesarias, para evacuar a la población a tiempo.Es importante mencionar, que según reposa en registros oficiales, el alcalde de Armero, Gabriel Gómez, minimizó los riesgos, mientras que el gobernador de Tolima, Alfonso Gómez Méndez, también fue criticado por su pasividad.
El Ministerio del Medio Ambiente, por su parte, no implementó los mecanismos adecuados de alerta y evacuación, lo que generó una gran descoordinación en la respuesta por parte de las autoridades. El párroco del pueblo, en un intento por calmar a los pobladores, intentó tranquilizarlos, pero las medidas preventivas nunca fueron suficientes para evitar la tragedia ya que lo tildaban de loco y alarmista. Por su parte, el alcalde de Armero, de ese entonces, Ramón Rodríguez hablaba por el radio con un voluntario de la Cruz Roja cuando empezó a ver que por debajo de la puerta de su casa entraba un lodo espeso acompañado del ruido sordo que hace la tierra cuando ruge. “Esto se está inundando” fue lo último que dijo antes de que la señal se perdiera. Rodríguez, como otros 22 mil armeritas, quedó sepultado para siempre en el valle sin sombras en el que quedaría convertido Armero.
Analizando, lo sucedido, la responsabilidad por la magnitud del desastre, recae principalmente sobre el Estado colombiano, tanto a nivel local como nacional, ya que no implementó protocolos de evacuación adecuados ni previó un plan efectivo de emergencia. Aunque hubo alertas previas, las autoridades fueron lentas en actuar, lo que provocó que muchas personas no pudieran escapar a tiempo. De las más de 20.000 víctimas, se recuerda especialmente a Omaira Sánchez, una niña de 13 años que quedó atrapada por más de 60 horas en el lodo. Su dramática agonía, captada por las cámaras de los medios, conmovió al mundo y se convirtió en símbolo de la fortaleza, la desesperación y el sufrimiento de las víctimas. A pesar de los esfuerzos de los rescatistas, Omaira no pudo ser liberada y murió, dejando una huella indeleble en la memoria colectiva de los colombianos.
Por otro lado, la tragedia dejó una secuela humana aún más profunda, ya que miles de niños sobrevivieron, pero muchos de ellos quedaron huérfanos y traumatizados por lo sucedido. Se estima que alrededor de 200 menores de edad, fueron rescatados con vida, pero ante la magnitud de la catástrofe y la falta de recursos para atender a los niños y niñas, huérfanos, varios de estos niños fueron enviados a otros países para ser adoptados, principalmente por familias en países como Estados Unidos, Francia, Italia y España. Esta adopción internacional, fue una respuesta urgente ante la incapacidad del Estado de ofrecerles un entorno seguro y adecuado para su desarrollo. Las consecuencias a largo plazo y la reubicación de los sobrevivientes, tal como se evidencia en el libro rojo del ICBF, donde se registraron mas de 179 historias de niños el cual reune los datos de los menores rescatados y que posteriormente fueron adoptados por extranjeros. Dicho libro,que contiene información reservada, fue entregado publicamente por el ICBF, el 13 de noviembre del 2025, a los habitantes, para facilitar el reencuentro con sus familias.
El desastre de Armero no solo fue una tragedia humanitaria, sino también un grave problema de salud pública. Ya que ante la falta de infraestructura, la contaminación de las aguas y la exposición a enfermedades aumentaron la vulnerabilidad de los sobrevivientes, especialmente los niños, quienes sufrían de enfermedades respiratorias, infecciones y desnutrición. Tras la tragedia, muchos niños sobrevivientes quedaron huérfanos, y las secuelas psíquicas de lo sucedido marcaron la vida de quienes lograron salir con vida. El proceso de reubicación, fue lento y complicado. Los sobrevivientes fueron trasladados a un nuevo asentamiento llamado Armero-Guayabal, pero las condiciones de vida en el nuevo lugar, no fueron las ideales. La falta de recursos y de apoyo adecuado, dificultó la recuperación completa de la comunidad. Según el registro oficial, se estima que unas 500 personas sobrevivieron, pero la mayoría tuvo que lidiar con las secuelas de la tragedia durante años.
Finalmente hoy, al recordar el desastre de Armero, rendimos homenaje a todas las víctimas de esta catástrofe que pudo haberse evitado. Las lecciones que nos dejó este hecho son claras: la necesidad urgente de fortalecer los sistemas de alerta temprana, de garantizar que el Estado cumpla con su deber de proteger a los ciudadanos, y de priorizar la prevención de desastres. A más de tres décadas de la tragedia, la memoria de Armero, sigue viva en quienes sobrevivieron a este fenómeno natural y también en la memoria, de aquellos que perdieron a sus seres queridos. Que su sufrimiento no sea olvidado, y que este doloroso recordatorio impulse un compromiso real con la seguridad de las comunidades en cada territorio de Colombia.
“La tragedia de Armero debe servir como un llamado a la acción para evitar que algo similar vuelva a ocurrir”.