En menos de un mes, Colombia volvió a sentir que tiene quien la defienda

La moral de la Fuerza Pública está regresando, porque volvió una palabra que durante demasiado tiempo pareció prohibida: ofensiva

Colombia necesitaba recuperar algo que durante los últimos cuatro años se fue perdiendo peligrosamente: la confianza en que el Estado está dispuesto a defender a los ciudadanos y a enfrentar, sin ambigüedades, a quienes viven del crimen, el terror y la violencia. Y aunque todavía no se cumple un mes desde la llegada del Gobierno de Abelardo De La Espriella, hay una sensación que comienza a recorrer las calles, los campos, los cuarteles y las regiones más golpeadas por la criminalidad: Colombia volvió a tener un Gobierno que entiende que la paz no se construye arrodillando al Estado frente a los violentos.

No se trata de cantar victoria anticipadamente. Sería irresponsable. Los problemas de seguridad que heredó el país no desaparecen en unas pocas semanas. Las estructuras criminales continúan presentes, los grupos armados mantienen capacidad de hacer daño y hay territorios donde la violencia dejó profundas heridas.

Pero una cosa sí ha cambiado, y eso nadie puede desconocerlo: cambió el mensaje.

Y en materia de seguridad, el mensaje importa. Importa porque detrás de cada orden presidencial hay soldados, infantes de marina, aviadores y policías que necesitan saber que su comandante supremo confía en ellos. Importa porque el ciudadano necesita sentir que el Estado no negocia su derecho a vivir tranquilo. E importa porque los criminales deben comprender que ya no tienen enfrente un Gobierno dispuesto a confundir la búsqueda de la paz con la tolerancia frente al delito.

La reciente ofensiva anunciada contra objetivos criminales de alto valor, y los resultados conocidos en operaciones contra estructuras delincuenciales, empiezan a marcar una diferencia en la percepción nacional. La caída de alias Bendito Menor y el anuncio de que otros cabecillas criminales están en la mira reflejan una estrategia que vuelve a poner la iniciativa del lado de las autoridades.  Y aquí está, quizás, el punto más importante de esta nueva etapa: Colombia cuenta con unas Fuerzas Militares y una Policía Nacional que jamás perdieron su capacidad de combatir. Lo que recibieron fueron golpes. Golpes políticos. Golpes presupuestales. Golpes institucionales. Golpes contra su moral. Golpes provenientes de discursos que, en demasiadas ocasiones, parecieron olvidar que nuestros hombres y mujeres de uniforme son quienes salen a enfrentar al terrorista, al narcotraficante y al criminal mientras otros escriben discursos desde la comodidad de una oficina.

Pero pese a todo, allí están. Firmes. Con cicatrices, sí. Con dificultades, también. Pero firmes. Porque el soldado colombiano no abandonó su vocación. El policía colombiano no renunció a su juramento. El infante de marina no dejó de amar la bandera. Lo que necesitaban era volver a sentir que desde la Casa de Nariño existía una dirección política clara y una confianza verdadera en quienes tienen la responsabilidad constitucional de defender la soberanía, el territorio y la seguridad de todos los colombianos. Y parece que ese respaldo comienza a regresar.

Por eso, en menos de un mes, el Gobierno de Abelardo De La Espriella ha logrado generar, en materia de seguridad, una sensación de confianza que el Gobierno de Gustavo Petro no consiguió consolidar durante sus cuatro años de administración.

Esa es una afirmación política y de opinión, por supuesto, pero nace de una realidad evidente: durante demasiado tiempo los colombianos escuchamos hablar de diálogos mientras los grupos armados se fortalecían; de paz mientras aumentaban las amenazas en regiones enteras; de negociaciones mientras los criminales aprovechaban espacios para expandir sus economías ilegales.

La paz es un objetivo noble. Pero la paz no puede significar impunidad. La paz no puede ser el premio para quien secuestra. La paz no puede convertirse en una licencia para quien extorsiona. La paz no puede ser la excusa para permitir que organizaciones armadas sigan reclutando menores, instalando explosivos, atacando a la Fuerza Pública y aterrorizando campesinos. La paz verdadera necesita autoridad. Y la autoridad necesita una Fuerza Pública fuerte, respaldada y respetada.

Ese debe ser el camino del nuevo Gobierno: continuar fortaleciendo la inteligencia, recuperar plenamente la capacidad operacional, mejorar la movilidad aérea y terrestre, garantizar recursos, proteger jurídicamente a nuestros hombres y mujeres de uniforme y, sobre todo, mantener una política de seguridad donde el enemigo tenga absoluta claridad sobre una cosa: el Estado colombiano no está dispuesto a entregar el territorio ni a abandonar a sus ciudadanos.

Que nadie se equivoque. Esto no significa promover una guerra sin límites ni desconocer los derechos humanos. Precisamente todo lo contrario. Una democracia tiene el deber constitucional de combatir a quienes pretenden destruirla, siempre dentro de la ley, la Constitución y las normas que rigen el uso legítimo de la fuerza. Pero una democracia que no se defiende termina siendo víctima de quienes no creen en ella. Colombia está comenzando a recuperar una verdad elemental: a los enemigos de la paz hay que enfrentarlos; a los criminales hay que perseguirlos; y a quienes asesinan, secuestran y aterrorizan al pueblo colombiano no se les puede permitir imponer las reglas del juego.

Nuestros soldados y policías están listos. Nunca dejaron de estarlo. Lo que hacía falta era un Gobierno que les devolviera confianza, respaldo y una misión clara. Todavía es temprano para hacer balances definitivos. El camino apenas comienza y los desafíos son enormes. Pero también es justo reconocer lo que empieza a verse: Colombia volvió a levantar la cabeza. Y cuando la Fuerza Pública recupera su moral, cuando el Gobierno recupera la determinación y cuando los ciudadanos vuelven a confiar en que el Estado puede protegerlos, algo fundamental comienza a cambiar. Que el mensaje llegue hasta el último rincón del país. Colombia quiere paz, sí. Pero una paz con autoridad. Y nuestros héroes de la Fuerza Pública están listos para defenderla.

PATRIA, HONOR Y LEALTAD.

Abstract
Precisamente todo lo contrario. Una democracia tiene el deber constitucional de combatir a quienes pretenden destruirla, siempre dentro de la ley, la Constitución y las normas que rigen el uso legítimo de la fuerza.