Por: Silverio Herrerera. Abogado, Oficial (R) Ejercito Nacional, comunicador, asesor, consultor, investigador y analista en seguridad, convivencia ciudadana y orden público

Hoy, en un acto que desafía los principios democráticos y las leyes  constitucionales de Venezuela, Nicolás Maduro Moros se proclama nuevamente como presidente, abriendo un oscuro capítulo en la historia de ese país. Este tercer periodo, sin legitimidad ni respaldo popular, es un recordatorio más de la naturaleza dictatorial de su régimen. Sin embargo, lo que resulta aún más preocupante es el apoyo velado y el silencio del gobierno colombiano ante esta crisis, evidenciando una peligrosa complicidad con la dictadura venezolana.

La administración de Gustavo Petro, que se autoproclama defensora de los derechos humanos y promotora de la paz, ha mostrado una inquebrantable alianza con Maduro. Mientras el pueblo venezolano sufre una opresión sin precedentes, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, censura y persecución a quienes se oponen al régimen, Colombia no solo guarda silencio, sino que extiende una mano amiga al dictador. Esta postura confirma que el llamado "gobierno del cambio" es un aliado más de un sistema corrupto y represivo, que ha llevado a Venezuela al borde de la destrucción.

El Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela ha declarado al régimen de Maduro como un "estado fallido". Las cifras de pobreza extrema, la diáspora masiva y el colapso institucional son pruebas contundentes de ello. Mientras tanto, los principales líderes opositores, como Edmundo González y María Corina Machado, que encarnaban la esperanza de un cambio, han sido neutralizados o perseguidos, dejando al pueblo venezolano sin una figura visible que lo represente en esta lucha por la libertad.

El futuro inmediato para Venezuela es desolador. La represión continuará, y con ella, una nueva oleada migratoria, posiblemente más grande que la anterior. Miles de venezolanos buscarán refugio en Colombia, especialmente en las zonas de frontera, donde las condiciones para recibirlos siguen siendo precarias. Esto traerá consigo una mayor presión sobre los sistemas de salud, educación y empleo en regiones ya vulnerables, mientras el gobierno colombiano parece más interesado en fortalecer sus lazos con el régimen que en atender las necesidades humanitarias.

La relación disfuncional entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, caracterizada por un respaldo tácito del gobierno colombiano a la dictadura venezolana, podría tener graves repercusiones para Colombia, especialmente en su histórica relación con Estados Unidos. Como principal aliado estratégico en la región, Washington observa con preocupación el giro ideológico del gobierno colombiano y su acercamiento a un régimen que representa una amenaza para la estabilidad democrática en América Latina. En los próximos días  y con el nuevo escenario con  Donald Trump de regreso al poder, la postura de su administración frente a este alineamiento será determinante.

Durante su anterior mandato, Trump mostró una posición frontal contra los regímenes autoritarios en la región, imponiendo sanciones a Venezuela y liderando una coalición internacional para desconocer a Maduro como presidente. Si Petro continúa reforzando su apoyo al régimen venezolano, es probable que el gobierno estadounidense tome medidas enérgicas (y lo va a hacer), como la revisión de acuerdos comerciales o la reducción de la cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico, áreas donde Colombia ha sido tradicionalmente un socio clave. Esta situación no solo aislaría al país en el escenario internacional, sino que también podría afectar sectores económicos que dependen del respaldo estadounidense.

Además, el respaldo de Petro a Maduro podría motivar a Trump a endurecer su retórica y políticas hacia Colombia, utilizando esta relación como argumento para cuestionar la legitimidad del gobierno colombiano como defensor de los valores democráticos. Esto podría derivar en una disminución del flujo de inversiones y programas de desarrollo social financiados por Estados Unidos, afectando directamente a las comunidades más vulnerables en Colombia. La incertidumbre política también podría disuadir a otros aliados internacionales de mantener o fortalecer sus relaciones con el país.

En este contexto, Colombia enfrenta una encrucijada: mantener su compromiso con la democracia y sus alianzas históricas, o arriesgarse a un aislamiento internacional impulsado por su cercanía al régimen de Maduro. El costo de esta decisión será alto, no solo en términos diplomáticos, sino también para la estabilidad interna del país. Mientras Estados Unidos refuerza su vigilancia sobre la región, Petro deberá elegir si prioriza los intereses de su nación o sigue hipotecando su credibilidad internacional al apoyar un régimen que representa todo lo que Colombia, como democracia, ha luchado por evitar.

Ahora bien y aterrizando en el momento que se vive en la hermana república de Venezuela, ¿Qué pasó con las promesas de cambio y libertad? ¿Qué esperaba el pueblo venezolano de líderes como María Corina Machado, que encarnaban la posibilidad de un futuro mejor? ¿Y por qué el gobierno de Petro, que enarbola la bandera de los derechos humanos, guarda silencio ante el sufrimiento de millones de venezolanos?

Es urgente que Colombia adopte una postura firme y coherente frente a la dictadura de Maduro. Su silencio no solo la hace cómplice de un régimen opresor, sino que también pone en riesgo su propia estabilidad, al ignorar las consecuencias sociales, económicas y humanitarias que esta crisis tiene en su territorio. Es hora de que el gobierno colombiano elija de qué lado de la historia quiere estar: con los dictadores o con los pueblos que claman libertad.