Iván Velásquez, el polémico abogado de extrema izquierda que inició una cacería de bruja en Colombia contra la sociedad civil (y las instituciones), y presidia una falsa “comisión de Naciones Unidas que investiga la corrupción en altas esferas del gobierno de Guatemala”, expulsado de ese país por sus reiterados excesos y sus parcializadas interpretaciones de la ley contra el estado, es ahora el nuevo ministro de defensa.
Velásquez habría amañado sistemáticamente los procesos por supuesta “corrupción” para iniciar, como en Colombia, una cacería de brujas contra decenas de personas del gobierno, sin pruebas, y en procesos pletóricos de especulaciones seudo legales.
Ante las reiteradas inconsistencias e irresponsables especulaciones de la denominada “Comisión de las Naciones Unidas”, liderada por Iván Velásquez, la propia canciller guatemalteca al término de una reunión con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, puso fin a la misión en cuestión de horas.
Las consistentes extralimitaciones de Iván Velásquez en sus fallos, su paranoica visión del estado, su parcializada interpretación de la Ley y su sistemática afinidad a grupos políticos radicales de extrema izquierda en Guatemala y en Colombia, fue la gota que rebasó la copa en el país centroamericano para dictar la expulsión inmediata del abogado colombiano y la suspensión de las actividades de la comisión por este liderada en el vecino país.
El grado de abusos ha generado airadas reacciones de miembros del gobierno del presidente Morales, de Guatemala. El propio jefe de la cartera de relaciones exteriores denunció los abusos y extralimitaciones de sus funciones en los siguientes términos:
“La comisión (…) ha hecho investigaciones de manera ilegal. Sin embargo, el presidente Morales ha permitido que esas investigaciones se lleven a cabo (…) “Ha cometido injerencia y ha violentado la soberanía de Guatemala, ha violado los derechos humanos de los guatemaltecos”
Como se sabe, Iván Velásquez fue el principal puente jurídico de políticos “progresistas” contra el paramilitarismo dentro de la legalidad, familiarizándose con numerosos activistas radicales de izquierda en Colombia que establecían diferenciaciones entre el terrorismo paramilitar y el terrorismo guerrillero, y facilitando el proceso de impunidad de las FARC con doctrinas de izquierda que en la fiscalía de Eduardo Montealegre consolidaron una insólita cacería de brujas contra la sociedad civil en el país.
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