El informe de la ONU revela que, en el último año, los cultivos ilícitos en Colombia alcanzaron las 253.000 hectáreas, superando a Perú y Bolivia y consolidando el control del país sobre las rutas del narcotráfico.

El más reciente informe de la ONU, junto con las alertas de la administración de los Estados Unidos, confirma que Colombia podría estar al borde de convertirse en un narcoestado. Esto ocurre tras los recientes anuncios del gobierno de Gustavo Petro sobre la compra de cosechas de coca a los campesinos del Micay, Cauca, una propuesta que a todas luces parece inviable. Según diversos análisis, Petro utiliza este tipo de declaraciones para desviar la atención pública o mejorar su imagen, sin importar su viabilidad legal o económica. A pesar de que la compra de coca está prohibida por la Convención de Viena de 1961 y enfrenta serios obstáculos logísticos, el anuncio parece estar diseñado para minimizar el impacto de las alarmantes cifras de la ONU sobre el crecimiento del narcotráfico en Colombia. Además, el anuncio coincide con la COP16 en Cali, lo que podría proyectar a Petro como un líder "disruptivo."

El informe de la ONU revela que, en el último año, los cultivos ilícitos en Colombia alcanzaron las 253.000 hectáreas, superando a Perú y Bolivia y consolidando el control del país sobre las rutas del narcotráfico. Esta cifra representa el nivel más alto de producción en los últimos 30 años, con un crecimiento sostenido desde la firma del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.

La situación sugiere que Colombia está en riesgo de transformarse en un narcoestado, especialmente considerando la ley de sometimiento propuesta por el Ministerio de Justicia, que podría otorgar beneficios legales, como la reducción de penas, a individuos vinculados con el narcotráfico.

Por último, existe una evidente contradicción entre este anuncio y la incapacidad del gobierno para resolver problemas críticos, como las deudas del sistema de salud. Además, el mensaje enviado por el presidente podría incentivar la expansión de los cultivos ilícitos, en lugar de aportar soluciones efectivas para combatirlos.