Esta medida, conocida popularmente como el “plan tortuga”, podría retrasar significativamente las acciones de las Fuerzas Militares, dificultando su capacidad de respuesta rápida y coordinada en el territorio colombiano. En particular, las zonas de influencia de grupos criminales como el Clan del Golfo, el ELN y las FARC podrían ser las más afectadas por esta disminución de la eficiencia operativa.

El Ministerio de Defensa ha aprobado una nueva estrategia para las Fuerzas Militares que elimina las unidades territoriales creadas para unificar el mando del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en las regiones. Esta reestructuración ha suscitado críticas en el país, ya que las fuerzas de tarea conjuntas y los comandos específicos quedarán bajo el liderazgo de sus respectivos comandos institucionales. Además, los comandos conjuntos se limitarán a la planificación de operaciones, sin involucrarse en su ejecución.

Esta medida, conocida popularmente como el “plan tortuga”, podría retrasar significativamente las acciones de las Fuerzas Militares, dificultando su capacidad de respuesta rápida y coordinada en el territorio colombiano. En particular, las zonas de influencia de grupos criminales como el Clan del Golfo, el ELN y las FARC podrían ser las más afectadas por esta disminución de la eficiencia operativa.

Cabe recordar que, en 2005, se implementaron los Comandos Conjuntos con el propósito de resolver estas dificultades de coordinación. Esta estructura permitía unificar los recursos de la Fuerza Aérea, Armada y Ejército en una región bajo el mando de un solo Comandante con autonomía operativa. Inspirada en modelos de ejércitos de otros países, como Estados Unidos, la estrategia incluía hasta 20,000 efectivos y un amplio conjunto de recursos militares —helicópteros, aviones, embarcaciones y artillería— disponibles en el área y bajo un mismo mando. Su efectividad fue notable: entre 2005 y 2010, los Comandos Conjuntos lograron reducir significativamente el poder del ELN y las FARC, debilitando su estructura y su presencia en el país.

La decisión de Petro de desarticular estos Comandos Conjuntos implica regresar al modelo de descentralización, en el cual cualquier solicitud de apoyo deberá ser aprobada por múltiples niveles jerárquicos. En la práctica, esto significa que una solicitud de respaldo de un comandante regional tendrá que pasar nuevamente por una larga cadena de aprobación, desde brigadas hasta divisiones y fuerzas superiores, antes de llegar al comandante de las Fuerzas Militares. La consecuencia inmediata será la falta de reacción rápida, lo que, a su vez, pone en riesgo las vidas de soldados y civiles y expone a las comunidades a ataques y masacres perpetradas por grupos criminales.

Para los críticos, esta decisión representa no solo un retroceso estratégico, sino también una oportunidad para que los grupos armados ilegales operen con mayor libertad en las zonas de influencia. Las demoras en la toma de decisiones podrían permitir que grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las FARC fortalezcan su presencia en estos territorios, revirtiendo así años de avances logrados por las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen organizado.