El informe de inteligencia obtenido por la Revista SEMANA detalla las órdenes de Iván Mordisco, líder de uno de los frentes más criminales de las FARC, para intensificar actividades terroristas en el Cauca y el Valle del Cauca.

Estas instrucciones incluyen el uso de métodos como drones con explosivos, cilindros lanzados por rampas, misiles improvisados y minas. Mordisco asignó estas tareas a dos de sus hombres de confianza, alias Gafas y Dionisio Rayo. Alias Gafas, "gestor de paz" del gobierno de Gustavo Petro, ahora actúa como segundo al mando del Bloque Occidental Jacobo Arenas. Este bloque, que agrupa a varias estructuras, ha estado involucrado en actos violentos recientes, como un ataque en El Plateado, Cauca.

El informe resalta la estrategia de Mordisco para consolidar el poder en la región, ampliando sus actividades hacia el Valle del Cauca, Nariño, Huila y Tolima. Estas organizaciones criminales emplean tácticas de control social, imponiendo normas y carnetización en las comunidades locales, además de mantener vínculos con organizaciones sociales e indígenas.

La expansión de sus actividades y recursos financieros, provenientes de extorsiones y secuestros, demuestra el fortalecimiento de sus capacidades para llevar a cabo una acción terrorista de impacto nacional, con Cali como objetivo clave.

Alias "Gafas" se hizo conocido por su rol como guardia de los secuestrados en el cautiverio de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y 11 militares y policías colombianos. Estas víctimas fueron rescatadas el 2 de julio de 2008 en la célebre Operación Jaque, en la cual la inteligencia militar colombiana engañó a los insurgentes simulando un traslado humanitario por parte de una ONG. Durante la operación, "Gafas" y su comandante, alias "César", fueron capturados por las fuerzas armadas.

Aunque Estados Unidos pidió la extradición de "Gafas," la Corte Suprema de Colombia rechazó la solicitud en 2009. El insurgente quedó en libertad en 2017 bajo los beneficios de los acuerdos entre Santos y las FARC y se acogió a la denominada
"Jurisdicción Especial de Paz" en 2019. En 2023, el gobierno de Gustavo Petro lo nombró gestor de paz en el marco de las negociaciones con el Estado Mayor Central de las FARC, una decisión que fue rechazada por algunos de los rescatados en la Operación Jaque.