Por: Silverio José Herrera Caraballo. Abogado, Oficial ® Ejercito Nacional, comunicador, asesor, consultor , investigador y analista en seguridad, convivencia ciudadana y orden público

La seguridad en Colombia ha alcanzado un punto crítico, donde el crimen organizado y su capacidad para penetrar en las estructuras del Estado y la sociedad representan un desafío que ya no puede ser ignorado. Inspirándonos en el análisis de Carlos Alfonso Boshell Norman, Certified Compliance Officer (CCO®) y Professional Polygraph Examiner (PPE®), debemos reconocer que este problema no tiene dueño: afecta a todos, desde los sectores rurales golpeados por la violencia, hasta los centros urbanos que enfrentan dinámicas de extorsión, robos y corrupción.

Boshell Norman enfatiza que el crimen organizado, como fenómeno estructural, no opera únicamente en las sombras. Está profundamente entrelazado con la corrupción, la violencia y el narcotráfico, lo que lo convierte en una amenaza para la estabilidad económica, política y social del país. En Colombia, estas dinámicas son visibles en los actos de extorsión en zonas urbanas como Medellín o Cali, donde bandas criminales han creado sistemas paralelos de "gobierno" que imponen su propia ley a comerciantes y ciudadanos. Igualmente, en áreas rurales como el Catatumbo o el Bajo Cauca, los cultivos ilícitos y el control territorial de grupos armados ilegales han hecho de estas regiones escenarios de constante conflicto.

Casos reales que ilustran el desafío. Un ejemplo reciente y emblemático de este fenómeno es el accionar del Clan del Golfo, uno de los grupos criminales más poderosos del país. Su capacidad para bloquear carreteras, intimidar comunidades y desafiar al Estado quedó en evidencia durante el "paro armado" de 2022. Este evento paralizó amplias zonas del país, dejando al descubierto no solo la fortaleza de este grupo, sino también la vulnerabilidad de las autoridades para controlar su expansión. En estos territorios, el Clan del Golfo no solo trafica drogas, sino que también extorsiona a agricultores, comerciantes e incluso maneja redes de minería ilegal, generando un impacto devastador en las economías locales.

Por otro lado, en las ciudades, fenómenos como las redes de microtráfico y las dinámicas de extorsión han demostrado que el crimen organizado no está confinado a las zonas rurales. En Bogotá, por ejemplo, bandas como los "Rastrojos Costeños" han ampliado su presencia, extorsionando a pequeños negocios y controlando territorios estratégicos para el tráfico de drogas. Este tipo de acciones generan un clima de inseguridad generalizada que afecta tanto a ciudadanos como a empresarios.

El Índice Global de Crimen Organizado, al que hace referencia Boshell Norman, es un indicador clave para entender cómo estas dinámicas no son aisladas. Colombia ocupa un lugar destacado en este índice, no solo por el volumen de actividades ilícitas, sino también por su limitada capacidad para responder de manera efectiva. La falta de institucionalidad, combinada con altos niveles de corrupción, facilita que estas redes sigan operando con relativa impunidad.

La importancia del conocimiento y la acción colectiva. Carlos Alfonso Boshell Norman nos recuerda que la seguridad no es un problema exclusivo de las autoridades ni de las regiones más afectadas: es un problema de todos. La indiferencia o el desconocimiento sobre estas dinámicas solo refuerzan su impacto. Por ejemplo, el comercio ilícito, que abarca desde productos falsificados hasta el contrabando, afecta directamente a las economías locales y a los empresarios formales, quienes ven cómo sus esfuerzos se ven desestimulados frente a la competencia desleal.

El conocimiento sobre el crimen organizado y su impacto es crucial para comprender por qué es necesario un enfoque nacional integral. Las lecciones aprendidas de otros países, como el esfuerzo liderado por la Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF) en Guatemala, muestran cómo la participación activa del sector privado puede ser un aliado clave en la lucha contra estas redes. En Colombia, fortalecer alianzas entre empresas, comunidades y autoridades podría ser una estrategia efectiva para detectar y prevenir actividades ilícitas, desde el contrabando hasta la extorsión.

Un llamado a la acción integral. Para enfrentar el crimen organizado en Colombia, es indispensable combinar acciones a corto y largo plazo. A nivel inmediato, se requiere fortalecer la capacidad de las fuerzas de seguridad para responder eficazmente a las amenazas y proteger a las comunidades más vulnerables. Sin embargo, como destaca Boshell Norman, la solución no puede ser solo reactiva. Es fundamental construir un Estado más fuerte, transparente y descentralizado, que pueda abordar las causas estructurales del problema, desde la pobreza hasta la falta de oportunidades en las regiones más afectadas.

Además, el sector privado debe asumir un papel proactivo. Detectar patrones de comportamiento ilícito, fortalecer los controles en las cadenas de suministro y promover la formalización de las economías locales son acciones que pueden reducir significativamente el impacto del crimen organizado en las economías legales.

La seguridad en Colombia no tiene un dueño único. Es un desafío que exige la colaboración de todos: ciudadanos, empresas, instituciones y comunidades. Solo a través de un esfuerzo colectivo, informado y comprometido, podremos enfrentar las dinámicas del crimen organizado y avanzar hacia un país más seguro y próspero.