Un otoño de fuego

Francia vive desde finales de septiembre la mayor ola de protesta desde la reforma de las pensiones de 2023. Empezó el 29 de septiembre con una huelga de la función pública que reunió a más de 300.000 manifestantes y con cientos de liceos bloqueados por estudiantes de secundaria. Siguió con las jornadas juveniles del 6 y el 13 de octubre, convocadas por la Union étudiante y la Union syndicale lycéenne. Y estalló el sábado 17 de octubre, cuando un llamado anónimo lanzado en TikTok contra la "vida cara" y el precio del combustible resucitó a los chalecos amarillos.

Ese día salieron a la calle entre 550.000 personas, según el Gobierno, y 800.000, según los organizadores. Hubo unas 1.200 detenciones y alrededor de 150 policías heridos. En Marsella, encapuchados forzaron la puerta del ayuntamiento, saquearon comercios y atacaron una comisaría de la policía municipal. Hubo incidentes en París, Lyon, Lille, Burdeos, Nantes, Rennes, Estrasburgo, Ruan, Toulouse y Limoges.

La respuesta del Elíseo fue inédita: para la jornada del 24 de octubre, Emmanuel Macron anunció que solo se autorizarían las marchas convocadas por sindicatos. Las prefecturas prohibieron las manifestaciones en Lyon y Marsella y en el centro de Lille. Aun así, el Ministerio del Interior contó 410.000 manifestantes en todo el país; la CGT, 800.000. La próxima cita es el 5 de noviembre, con una huelga interprofesional convocada por CFDT, CGT, FO, UNSA y FSU.

Lo que pide la calle

Las reivindicaciones son múltiples, pero convergen en una misma dirección: más gasto público financiado con más impuestos. La intersindical exige subir el salario mínimo, las pensiones, el punto de índice de los funcionarios y todas las ayudas sociales, desde la ayuda a la vivienda hasta las becas y la renta mínima. Para pagarlo propone gravar más los patrimonios, las herencias y los dividendos, y revisar los 211.000 millones de euros anuales de ayudas públicas a las empresas. La CFDT, la central reformista, defiende el impuesto Zucman, un mínimo del 2 % sobre los patrimonios financieros de más de 100 millones de euros, y un impuesto climático sobre la fortuna. La CGT y Solidaires quieren indexar todos los salarios a la inflación.

Los estudiantes reclaman contratación masiva de personal, la abolición de Parcoursup y comidas a un euro para todos los universitarios. Los chalecos amarillos, gasolina más barata. Nadie, en ninguno de los cortejos, plantea la pregunta que debería ser obligatoria: de dónde saldrá el dinero en un país que ya gasta más que casi cualquier otro.

El Estado más pesado de Europa, después de Finlandia

Las cifras no admiten mucha discusión. Según los datos del FMI recogidos por Statista, en 2025 el gasto público francés equivalió al 57,2 % del PIB, solo por detrás de Finlandia, con el 57,5 %, y por delante de Austria, con el 55,1 %. Eurostat da un orden idéntico para 2024: Finlandia 57,8 % y Francia 57,0 %, frente a una media de la UE del 49,1 %. Es decir, el Estado francés administra cada año ocho puntos de PIB más que el europeo promedio.

Tampoco es un Estado que cobre poco. En 2025 Francia registró la recaudación por impuestos y cotizaciones sociales más alta de la Unión Europea, el 45,4 % del PIB, por encima de Dinamarca (44,3 %) y Austria (43,7 %), según Eurostat. En la clasificación de la OCDE, con su propia metodología, Francia es segunda entre 38 países con el 43,5 %, frente a una media del 34,1 %. Francia, Finlandia, Austria y Bélgica son los únicos países de la UE cuyos gastos e ingresos públicos sumados superan el 100 % de su PIB.

Y, pese a cobrar más que nadie, no le alcanza. El déficit público fue del 5,1 % del PIB en 2025 y se espera del 5,4 % en 2026. La deuda alcanzó a finales de junio 3.595.500 millones de euros, el 119 % del PIB, un récord histórico según el Insee. Solo Grecia e Italia están peor en la Unión. París está bajo procedimiento de déficit excesivo y debe volver al 3 % de déficit antes de 2029; el presupuesto de 2027 pretende apenas bajarlo al 5 %.

El problema francés, en suma, no es de ingresos. Es un Estado que ya recauda la porción más grande de la riqueza nacional de toda Europa y que, aun así, gasta bastante más de lo que ingresa. Pedir más impuestos para financiar más gasto en ese contexto no es una reforma: es acelerar en la dirección que llevó al país a donde está. Incluso el impuesto Zucman, emblema del movimiento, rendiría según sus defensores entre 5.500 y 25.000 millones de euros al año, una fracción de un déficit que en 2025 rondó los 152.500 millones.

La fábrica del argumento

Si el argumento es tan débil, ¿por qué sigue dominando la calle? Parte de la respuesta está en quién lo produce, lo financia y lo amplifica. Detrás de las movilizaciones hay un ecosistema estable de sindicatos, organizaciones juveniles y asociaciones que sobrevive en buena medida con dinero público y, en algunos casos, con fondos de fundaciones extranjeras.

El primer círculo es el más paradójico: el Estado financia a quienes le exigen más Estado. Los sindicatos no viven solo de cuotas. El Fondo paritario del diálogo social, alimentado por una contribución obligatoria del 0,016 % de la masa salarial de todas las empresas y por una subvención del Estado, repartió en 2023 22,2 millones de euros a la CFDT, 20,6 millones a la CGT y 17,2 millones a FO. Las organizaciones estudiantiles reciben del Ministerio de Enseñanza Superior una subvención repartida según sus resultados electorales: un 23 % para la UNEF y un 22 % para la Union étudiante, que hoy encabeza los bloqueos. Las organizaciones de secundaria reciben subvenciones anuales del Ministerio de Educación.

En el campo de los derechos y el antirracismo ocurre lo mismo. La Liga de los Derechos Humanos (LDH), que denuncia la represión de las protestas, recibió 719.318 euros en subvenciones en 2024. En 2022, 278.000 vinieron del Estado y 358.000 de colectividades locales. La LICRA declaró 1,17 millones de euros en subvenciones públicas y privadas en 2024 y reconoce que son su principal fuente de financiación. SOS Racisme firmó con el Estado un convenio de 230.000 euros anuales para 2022–2024, y medios críticos denuncian que no publica sus cuentas desde 2010. La Cimade, que asiste a extranjeros en centros de retención, obtuvo de fondos públicos el 31 % de sus recursos en 2024, unos 6,8 millones de euros.

El dinero que llega de fuera

El segundo círculo es internacional, y es más pequeño de lo que sugiere el ruido en redes sociales, pero existe y está documentado.

La base de datos de Open Society Foundations, la red creada por George Soros, registra tres donaciones a la LDH por un total de 382.722 dólares: 82.538 en 2016 para combatir prácticas policiales abusivas en París, 200.024 en 2017 contra la discriminación y 100.160 ese mismo año para una campaña por la salida del estado de emergencia decretado tras los atentados de 2015. Open Society también dio a Amis de la Terre France 180.000 dólares en 2021 y 225.000 en 2022.

Amis de la Terre es el caso más revelador. En su declaración de 2025 ante el Registro de Transparencia de la UE, esta federación ecologista reportó un presupuesto de 1.767.868 euros. De esa cifra, unos 915.000 euros, cerca de la mitad, vinieron de fundaciones extranjeras: 400.977 euros de FILE (Foundation for International Law for the Environment), 203.724 de la European Climate Foundation, 163.555 del 11th Hour Project de la familia Schmidt en Estados Unidos, 70.000 de la fundación suiza Charles Léopold Mayer, 35.820 del Wellspring Philanthropic Fund, 30.000 de la alemana OLIN y 11.500 de la danesa KR Foundation. Parte de los fondos de FILE se reasigna a Oxfam France y a Notre Affaire à Tous, dos de las voces que más empujan en Francia la tesis de gravar a los multimillonarios.

La European Climate Foundation, con sede en La Haya y financiada por fundaciones mayoritariamente estadounidenses, figura también como socio de Alternatiba y ANV-COP21, la red de desobediencia civil no violenta por el clima. La alemana Guerrilla Foundation, creada en 2016 por el heredero farmacéutico Antonis Schwarz para financiar "activismo radical" en Europa, dio en 2022 15.000 euros a la organización de Assa Traoré, del entorno del Comité Verdad para Adama, y otros 15.000 a INDEX, un laboratorio que investiga la violencia policial. En 2025 repartió 20.000 euros a cada uno de varios colectivos antirracistas franceses. El Climate Emergency Fund estadounidense financió en 2022 a Dernière Rénovation, el colectivo climático que bloqueaba el periférico de París.

Ninguna de estas cifras es ilegal ni secreta: están en registros públicos. Lo que revelan es una arquitectura. Fundaciones extranjeras financian la capa que produce informes, litigios, campañas y relatos; el Estado francés financia a los sindicatos y asociaciones que llevan ese relato a la calle; y el relato, invariablemente, concluye que la solución es más gasto y más impuestos.

Cuadro: quién financia a quién

Las dos tablas siguientes recogen únicamente flujos documentados en cuentas anuales, registros oficiales o bases de datos de los propios financiadores. Cada fila es un flujo de un financiador a un beneficiario. Donde el monto no se publica, se indica.

Tabla 1. Financiadores dentro de Francia

Tabla 2. Fundaciones y ONG extranjeras

En sentido inverso, dos de las ONG más grandes del sector envían dinero al exterior en lugar de recibirlo: Greenpeace Francia transfirió en 2024 el 31,4 % de sus donaciones a Greenpeace International, y Amnistía Internacional Francia aporta a su secretariado internacional; ambas rechazan subvenciones de Estados. No se localizaron financiadores extranjeros de los sindicatos, de las organizaciones estudiantiles y de secundaria, de los chalecos amarillos, de Bloquons tout, de SOS Racisme, del MRAP, de la LICRA, de La Cimade ni de Urgence Palestine.

Lo que responden sus defensores

Las organizaciones citadas y los economistas que respaldan las reivindicaciones tienen argumentos que merecen ser expuestos. El elevado gasto francés se explica en gran parte por las pensiones y la protección social, que Eurostat sitúa entre las más altas de la UE junto a Finlandia; para sus defensores, ese gasto es la contrapartida de un modelo que reduce la pobreza y que los franceses han elegido democráticamente. Sostienen también que la carga fiscal recae sobre todo en el trabajo y el consumo, mientras los mayores patrimonios tributan proporcionalmente menos, y que gravarlos es una cuestión de equidad más que de cuadrar el presupuesto.

Sobre la financiación, las asociaciones recuerdan que sus cuentas son públicas, que Amnistía Internacional y Greenpeace Francia rechazan todo dinero estatal y viven de donaciones, y que recibir apoyo de una fundación no equivale a seguir sus órdenes. Las subvenciones públicas, añaden, pagan servicios concretos, como la asistencia jurídica en centros de retención o la formación de representantes estudiantiles, y no la protesta.

Son argumentos legítimos. Pero ninguno responde a la pregunta de fondo: cómo un país que ya recauda el 45 % de su riqueza, gasta el 57 % y debe el 119 % puede resolver su crisis gastando aún más.

Fuentes

• Eurostat, Government finance statistics y déficit y deuda 2025
• Statista, gasto público en la UE 2025
• OCDE, Revenue Statistics 2025 – Francia
• Insee, deuda pública al segundo trimestre de 2026
• Toute l'Europe, trayectoria de la deuda y déficit 2026–2027
• Franceinfo, reivindicaciones del movimiento, violencia en Marsella e injerencia rusa
• France 24, restricciones del 24 de octubre
• Cour des comptes, Fondo paritario AGFPN
• Asamblea Nacional, subvenciones a organizaciones estudiantiles
• LDH, informe financiero 2024; LICRA, informe financiero 2024; La Cimade, Essentiel 2024
• Open Society Foundations, donaciones a la LDH; Wikidata, donaciones a Amis de la Terre
• LobbyFacts, Amis de la Terre France en el Registro de Transparencia de la UE
• Alternatiba, financiación; Guerrilla Foundation, informe 2022 y tablas 2025
• L'Appel, Viginum y el llamado del 17 de octubre