En ese contexto, la visita del presidente Gustavo Petro debía ser un mensaje de unidad y acción inmediata. Sin embargo, lo que muchos cordobeses percibieron fue otra cosa: reproches, confrontación y una narrativa política que poco ayuda a quien lo perdió todo bajo el agua.

Por Silverio José Herrera Caraballo

La tragedia no admite discursos grandilocuentes ni confrontaciones políticas. La tragedia exige presencia institucional, liderazgo sereno y soluciones concretas. Córdoba atraviesa una de las olas invernales más severas de los últimos años: miles de familias afectadas, cultivos anegados, vías rurales colapsadas, pérdidas económicas incalculables y una angustia colectiva que no distingue ideologías. En ese contexto, la visita del presidente Gustavo Petro debía ser un mensaje de unidad y acción inmediata. Sin embargo, lo que muchos cordobeses percibieron fue otra cosa: reproches, confrontación y una narrativa política que poco ayuda a quien lo perdió todo bajo el agua.

Resulta inevitable contrastar la actitud del Gobierno Nacional frente a escenarios internacionales con la postura asumida en suelo cordobés. El presidente ha mostrado una marcada disposición para anunciar ayudas y respaldos humanitarios a países como Cuba, Jamaica e incluso pronunciarse con vehemencia frente a crisis como la de Gaza. Esa postura, en el plano diplomático, puede ser legítima dentro de su visión geopolítica. Pero cuando se pisa tierra propia (cuando el dolor es local y la emergencia golpea a campesinos, pescadores y pequeños comerciantes de nuestra región) la expectativa ciudadana es distinta: menos discurso ideológico y más ejecución presupuestal.

Córdoba no necesitaba un escenario para pasar cuentas políticas. Necesitaba coordinación interinstitucional. La emergencia no distingue entre gobernadores de un partido u otro. El agua no pregunta filiación política antes de entrar a una casa. Por eso sorprendió que la visita presidencial derivara en señalamientos directos contra el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, en lugar de priorizar un mensaje de articulación y respaldo. En medio de la adversidad, la ciudadanía espera ver al presidente de todos los colombianos, no al jefe político en campaña permanente.

Hay además un elemento que no puede soslayarse: el escándalo de la UNGRD. Los recursos destinados a la gestión del riesgo y atención de desastres terminaron salpicados por denuncias de corrupción que hoy siguen generando indignación nacional. Cuando un gobierno enfrenta cuestionamientos por el manejo de fondos precisamente destinados a emergencias, la prudencia y la transparencia deberían ser la regla. Pretender ahora escudarse en la tragedia para hablar de nuevas declaratorias de emergencia, sin haber resuelto plenamente las dudas sobre el destino de los recursos anteriores, resulta (cuando menos) inoportuno.

No se trata de negar la necesidad de herramientas extraordinarias cuando las circunstancias lo exigen. Las declaratorias de emergencia pueden ser mecanismos legítimos para agilizar contratación y movilizar recursos. Pero en un país herido por la corrupción, esas decisiones deben estar acompañadas de controles estrictos, auditorías visibles y rendición de cuentas permanente. De lo contrario, la sospecha termina erosionando la confianza ciudadana.

Córdoba no necesita demagogia ni promesas reiteradas. Necesita maquinaria trabajando en los diques, recursos girados con celeridad a los municipios afectados, apoyo técnico para la recuperación agrícola, alivios financieros para pequeños productores y soluciones estructurales que mitiguen el impacto recurrente de las inundaciones. Cada temporada invernal repite la misma historia: emergencia, visitas oficiales, anuncios, fotografías… y luego el olvido. Ese ciclo debe romperse.

También es necesario reconocer que los problemas de fondo en el departamento no nacieron ayer. La falta de planificación territorial, el deterioro ambiental, la ocupación indebida de zonas inundables y la histórica debilidad en infraestructura han acumulado vulnerabilidades durante décadas. Pero precisamente por eso el liderazgo presidencial debía enfocarse en construir soluciones integrales y no en alimentar disputas coyunturales.

La política exterior solidaria es respetable. Colombia puede y debe ser un actor humanitario en el escenario internacional. Pero la primera responsabilidad de cualquier mandatario es con sus ciudadanos. La solidaridad empieza por casa. Cuando un campesino del bajo Sinú ve su parcela bajo el agua, poco le consuela saber que el país envía ayudas a otras latitudes si en su propio territorio la respuesta se percibe lenta o politizada.

Algunos sectores han planteado incluso que el presidente debería ser declarado persona no grata en Córdoba. Más allá de la fuerza simbólica de esa propuesta, lo cierto es que el debate de fondo no es personal sino institucional. Lo que está en juego no es un aplauso o un abucheo, sino la eficacia del Estado frente a la adversidad. Córdoba no necesita más polarización. Necesita resultados.

Ser fuerte en la crítica no implica perder la coherencia. La exigencia ciudadana es legítima cuando reclama que se gobierne con responsabilidad. Si hubo corrupción en la UNGRD, que se investigue hasta las últimas consecuencias. Si se requieren nuevos recursos para atender la emergencia, que se gestionen con absoluta transparencia. Si existen diferencias políticas entre Nación y departamento, que se tramiten en los espacios institucionales, no frente a comunidades que hoy lo han perdido todo.

El liderazgo verdadero se mide en la capacidad de unir en momentos difíciles. El presidente tiene la oportunidad de rectificar el tono, priorizar la acción y demostrar que su compromiso con las regiones no depende de afinidades políticas. Córdoba merece respeto. Merece inversión sostenida. Merece soluciones estructurales. Y, sobre todo, merece que la tragedia no se convierta en escenario de confrontación.

La historia juzga a los gobernantes no por sus discursos, sino por sus resultados. Hoy Córdoba espera hechos. Y los espera ya