Quizá quienes más sufrieron los vejámenes y atrocidades cometidas por el grupo terrorista de las FARC fueron nuestras Fuerzas Armadas, que, arriesgando su vida y la de sus familias, nos defendieron exitosamente durante muchos años de las organizaciones criminales que acechan al país.

Resulta entonces bastante incomprensible e incoherente que sean justamente las Fuerzas Armadas las víctimas del llamado pacto de La Habana. Allí se decidió que el presupuesto de la cartera de Defensa se reduciría notablemente y que el pie de fuerza también debía disminuirse. Adicionalmente, se creó un tribunal denominado JEP, que hasta el día de hoy se ha encargado de juzgarlos y de dejar en libertad a los verdaderos victimarios: las FARC.

Aún más aberrantes son las cifras reveladas por el general Javier Ayala, jefe del Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional. Según el general, entre 1985 y 2019, más de 4.570 soldados fueron desaparecidos forzosamente; muchos de ellos soportaron hasta diez años de torturas durante su cautiverio y 99 sufrieron violencia sexual. Además, 22.635 soldados fueron asesinados, 218.000 fueron despojados de sus tierras, 13.949 familias de militares fueron víctimas de intimidaciones y se reportaron 1.110 casos de lesiones físicas y psicológicas.

Ante estas cifras, que permitieron construir el informe Luces para la verdad, lo único que nos queda a los colombianos es no olvidar. Quienes sometieron al país al terror durante tanto tiempo fueron las FARC: ellas asesinaron, torturaron, violaron y extorsionaron como parte de su modus operandi y de su política de actuación.

No es justo que ahora, por medio de la denominada JEP, se esté ejecutando una estrategia en la que los criminales terminan siendo presentados como víctimas y los héroes del país como victimarios. No permitamos que se reescriba la historia.