El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya por petición del el ex ministro venezolano Hebert García Plaza. Este ha manifestado que el estado Venezolano en cabeza del presidente  Maduro ha  desarrollado un sistema de persecución política en contra de los líderes, gremios y pobladores que estén en contra del régimen actual venezolano.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya por petición del el ex ministro venezolano Hebert García Plaza. Este ha manifestado que el estado Venezolano en cabeza del presidente  Maduro ha  desarrollado un sistema de persecución política en contra de los líderes, gremios y pobladores que estén en contra del régimen actual venezolano.

[pullquote]Así lo señala el texto presentado ante la  Corte Penal  Internacional  “las personas ideológicamente contrarias a su proyecto [político], serán dominadas, movilizadas o destruidas. Todo con el propósito de hacer dicha Revolución (socialista), irreversible”.[/pullquote]

Entre los altos cargos del gobierno Venezolano a los que se responsabiliza de dirigir esta persecución se encuentran el presidente Maduro, el Ministro de Relaciones Exteriores Nestor Reverol, el ministro de defensaVladimir Padrino López; el ex comandante general de la Guardia, Antonio Benavides Torres; el vicepresidente, Tareck  Aissami, el ex presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, General de Brigada Carlos Alfredo Pérez Ampueda; el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el Comisario General Douglas Rico, y el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, General en Jefe Gustavo Enrique González López.

Entre los crímenes más graves que hacen parte de esta persecución son asesinatos, encarcelación sin el debido proceso y amenaza.  Además de esto en la conficuracíon de las instituciones del estado Venezolano dan paso a un Apartheid Político, en las que los detractores son excluidos y los colaboradores del régimen son beneficiados con distintos subsidios o prebendas.