El 13 de noviembre, la cuenta oficial del Ministerio del Interior publicó un compendio de fotografías del senador Iván Cepeda junto a antiguos jefes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), acompañado de una pregunta firmada por el ministro Alejandro Ordóñez Maldonado: "¿De esta ecuanimidad es que habla usted, Senador Cepeda?". Al día siguiente, el senador anunció que "denunciará al ministro ante la Fiscalía por cuatro delitos": abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, hostigamiento, calumnia y peculado por uso. Anunció también una queja disciplinaria ante la Procuraduría.

"¿De esta ecuanimidad es que habla usted, Senador Cepeda?": Alejandro Ordoñez Maldonado. Ministro del Interior.

— MinInterior Colombia (@MinInterior) 13 de noviembre de 2026

DENUNCIA PENAL CONTRA EL MINISTRO ORDÓÑEZ

— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) 14 de noviembre de 2026

Jurídicamente, la parte penal no se sostiene. Estas son las seis razones.

1. No hay calumnia sin imputación de un delito

El artículo 221 del CP (Código Penal) castiga a quien impute falsamente a otro una conducta típica. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia exige que esa imputación sea concreta, determinada y referida a un delito identificable. La publicación del Ministerio no imputa ningún delito. Muestra fotografías de encuentros que efectivamente ocurrieron, en su mayoría en el marco de los Acuerdos de La Habana y de las gestiones públicas del propio senador, y formula una pregunta retórica sobre su imparcialidad. Una pregunta sobre la ecuanimidad de un congresista es un juicio de valor, no la atribución de un hecho punible. La Sala de Casación Penal ya ha absuelto por calumnia en casos de crítica política ácida que no estaba ligada a un hecho concreto (casación 38.909). Si alguna figura penal fuera discutible, sería la injuria del artículo 220, que el senador ni siquiera menciona, y aun esa choca con la protección reforzada que la Corte Constitucional reconoce al discurso político sobre funcionarios y candidatos (sentencia T-361 de 2019).

2. El abuso de autoridad es subsidiario y exige un acto de autoridad

El artículo 416 del CP solo se aplica "fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles". Es un tipo residual. Por eso no puede denunciarse a la vez con la calumnia por el mismo hecho: si hubiera calumnia, esta desplazaría al abuso de autoridad, y si no la hay, falta el daño injusto que el abuso requiere. Además, el tipo presupone un acto que el servidor público ejecuta con ocasión de sus funciones y que resulta arbitrario e injusto, es decir, que decide o afecta derechos de alguien sin fundamento legal. Una publicación en una red social no niega, concede ni restringe derecho alguno al senador. Acumular este delito junto a la calumnia revela una denuncia construida por agregación, no por adecuación típica.

3. El hostigamiento exige un móvil discriminatorio que no existe

El artículo 134B del CP, introducido por la Ley 1482 de 2011, castiga los actos orientados a causar daño físico o moral a una persona por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad. Es un tipo penal antidiscriminación. Lo que castiga es el ataque a alguien por lo que es o por lo que piensa, no la crítica a lo que hace. La publicación del Ministerio cuestiona las actuaciones públicas de un senador, sus encuentros y su coherencia, no su pertenencia a una ideología. Si toda crítica dura a un dirigente de oposición fuera hostigamiento por ideología, el debate político entre Gobierno y oposición quedaría penalizado en ambas direcciones.

4. El peculado por uso exige un uso ajeno a la función y una lesión real

Es el único de los cuatro delitos con un asidero aparente, y conviene examinarlo con rigor. La Ley 2345 de 2023 establece que las cuentas de vocería institucional pertenecen a la entidad estatal, de modo que puede sostenerse que la cuenta del Ministerio es un bien del Estado. Pero el artículo 398 del CP no castiga cualquier uso: castiga el uso indebido, es decir, para fines ajenos a la función pública. El Ministerio del Interior tiene entre sus funciones coordinar las relaciones del Gobierno con el Congreso de la República, y la controversia con un senador sobre la conducción de la política de paz se inscribe en ese ámbito, se comparta o no el tono. A ello se suma el principio de antijuridicidad material del artículo 11 del CP: una publicación sin costo adicional para el erario no lesiona de forma relevante el patrimonio público ni la administración. El hecho de que el mensaje esté firmado con nombre propio es un argumento para el reproche disciplinario, nada más.

5. La Ley 2345 de 2023 y el artículo 209 de la Constitución no son normas penales

El senador invoca dos normas que no tipifican delito alguno. La Ley 2345 de 2023, conocida como ley de "chao marcas de gobierno", regula el Manual de Identidad Visual de las entidades, prohíbe las marcas de gobierno y fija reglas de austeridad en el gasto de publicidad estatal. Su prohibición de denigrar la imagen de funcionarios está atada al gasto publicitario y a la promoción de cuentas personales, no a la publicación de un mensaje en una cuenta institucional. El artículo 209 de la Constitución enuncia los principios de la función administrativa, entre ellos la imparcialidad. Ninguna de las dos describe una conducta punible ni fija una pena. Por el principio de legalidad (artículo 29 de la Constitución y artículo 6 del CP), nadie puede ser juzgado penalmente con base en normas que no definen delitos. Estas normas sirven, a lo sumo, para fundamentar un reproche disciplinario.

6. La ruta procesal anunciada no corresponde al caso

El ministro del Interior tiene fuero constitucional: según el artículo 235 de la Constitución, a los ministros los juzga la Corte Suprema de Justicia, previa acusación del Fiscal General de la Nación. Una denuncia ante "la Fiscalía" en abstracto no activa ese trámite por sí sola. A eso se agrega que la calumnia es un delito querellable: exige querella de la víctima, una conciliación previa obligatoria antes de cualquier actuación, y admite la retractación, que extingue la acción penal. El propio diseño del proceso indica que el legislador concibió estos delitos como conflictos entre particulares que deben agotar la vía del acuerdo, no como instrumentos de presión entre poderes públicos.

Conclusión

De los cuatro delitos anunciados, uno es residual y no puede concurrir con otro de la misma lista, dos carecen de sus elementos esenciales y el cuarto depende de una lectura extensiva de lo que significa usar indebidamente un bien público. Las dos normas citadas como fundamento no son penales. Lo que queda con algún recorrido es la queja disciplinaria ante la Procuraduría, donde sí cabe discutir si un ministro puede usar la cuenta oficial de su entidad para un debate de tono personal con un senador de la oposición.

Convertir cada controversia política en una denuncia penal no fortalece el Estado de derecho. Lo desgasta. El derecho penal es la última herramienta del Estado, no la primera respuesta a una crítica incómoda, y quien lo invoca sin sustento termina debilitando la misma libertad de expresión que hoy le permite al senador responder, criticar y denunciar públicamente al Gobierno.