Por: Silverio Herrerera. Abogado, Oficial (R) Ejercito Nacional, comunicador, asesor, consultor, investigador y analista en seguridad, convivencia ciudadana y orden público
Hoy tengo sentimientos encontrados, no sé si estoy sorprendido o profundamente preocupado. Lo anterior ante la situación actual de la implementación del Servicio Social para la Paz el drástico cambio que el mandatario colombiano y para nuestro gran pesar el comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas le ha dado a lo que antes era el servicio militar obligatorio, bajo otra de sus interpretaciones más cuestionables de la Constitución Política y del artículo 11 de la Ley 2272. Este decreto, lejos de fortalecer a la nación, parece diseñado para debilitarla en un momento crítico en términos de seguridad y orden público.
Este cambio abrupto no es otra cosa que otra de sus estratagemas maquiavélicas con el fin de desestabilizar la institucionalidad militar. Al dividir y reducir la capacidad de reclutamiento y movilización de nuestras Fuerzas Armadas, pero en especial del Ejército Nacional. el mandatario pone en riesgo la estructura que ha garantizado la soberanía y la seguridad del país durante décadas. Presentar como opción "voluntaria" o presentar como iguales las opciones que impone en su reemplazo para la prestación del verdadero servicio militar o el servicio social como lo llama, no solo es irresponsable, sino también peligroso. En ningún país del mundo, una obligación como la defensa de la patria, la soberanía nacional y sus instituciones puede ser tratada como una alternativa opcional.
¿A quién beneficia este modelo? La pregunta es necia, pues todos conocemos la respuesta. Colombia, históricamente, ha enfrentado amenazas internas y externas que exigen una fuerza armada sólida y cohesionada. Intentar equiparar el servicio militar obligatorio con el servicio social no solo es una acción arbitraria, sino que también va en contra de la esencia de la Ley de Reclutamiento y Movilización, que obliga a todos los colombianos a acudir al llamado de la patria, sin excepciones.
El Congreso de la República tenía la responsabilidad de detener esta medida, por ir en contravía del ordenamiento institucional del país, y aun así no lo hizo. Nosotros somos ahora quienes no podemos permitir que, bajo decretos improvisados, se continúe desmantelando una de las instituciones más respetadas y necesarias para nuestra democracia.
Una estrategia de distracción. Es evidente que esta propuesta forma parte de una estrategia política del presidente para desviar la atención de los múltiples escándalos que enfrenta día tras día su gobierno. Al tiempo que otorga prebendas a todos los grupos narco guerrilleros, delincuentes y otros grupos al margen de la ley, pretende debilitar al Ejército y dejar a la nación desprovista de herramientas efectivas para combatir el crimen y la violencia.
Quiero recordarle al señor presidente algo fundamental: primero fue Ejército que República. Las Fuerzas Armadas no solo han sido pilar de nuestra soberanía, sino que también han sido el baluarte que ha defendido nuestra democracia frente a múltiples amenazas. Los colombianos siempre hemos respetado, valorado y agradecido el gran sacrificio de los hombres y mujeres del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y policía nacional.
El llamado a las reservas. Si el gobierno persiste en esta intención de socavar la fuerza militar, será necesario que las reservas y los veteranos de la patria tomen un papel activo en la defensa de la institucionalidad para la defensa del país. No podemos permitir que decisiones políticas irresponsables comprometan el futuro de nuestra nación y por ende de las futuras generaciones de compatriotas.
Cierro esta columna con una pregunta que debería inquietarnos a todos: ¿Y cuando no haya soldados? ¿Quién defenderá al pueblo colombiano del narcoterrorismo que se ha atomizado durante el gobierno del cambio?