Por: Silverio Herrerera. Abogado, Oficial (R) Ejercito Nacional, comunicador, asesor, consultor, investigador y analista en seguridad, convivencia ciudadana y orden público
Cuantos soldados, infantes de marina, aviadores y policías tendrán que morir mientras el que se supone debe garantizar la seguridad en sus misiones y el mantenimiento de los equipos se hace de la vista gorda. El reciente pronunciamiento del Ministerio de Defensa, justificando la inoperatividad de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional por el hundimiento de la ley de financiamiento, es una muestra más de la evidente negligencia del gobierno en asuntos críticos para la seguridad nacional. Este tipo de excusas no solo dejan en evidencia la falta de compromiso con las fuerzas armadas, sino que también reflejan una peligrosa indiferencia frente a la creciente amenaza de los grupos armados ilegales que operan con total impunidad.
La flota de helicópteros MI-17: un activo de vital importancia para la defensa en el absoluto abandono por parte del gobierno nacional. Estas aeronaves han sido durante años una herramienta esencial para la movilidad del Ejército en regiones de difícil acceso, desde operaciones de combate hasta misiones humanitarias, su rol es incuestionable. Sin embargo, hoy se encuentran fuera de servicio, dejando a nuestras fuerzas armadas atadas de manos. En lugar de buscar soluciones urgentes, el gobierno opta por lanzar culpas al pasado, ignorando que la responsabilidad de garantizar el funcionamiento de estas aeronaves recae en su administración.
Pero si de ejemplos de negligencia gubernamental por esta causa se tratare les señalare hoy una lista preocupante:
1. Arauca y los ataques del ELN: Los recientes atentados en esta región dejaron claro que la falta de movilidad aérea afecta directamente la capacidad de respuesta de las fuerzas públicas. Sin helicópteros disponibles, los refuerzos no pudieron llegar a tiempo, lo que costó vidas y permitió que los terroristas escaparan.
2. Chocó y la operación fallida contra el Clan del Golfo: En junio, una operación estratégica contra esta estructura criminal quedó frustrada debido a la falta de soporte aéreo. Los operativos terrestres fueron insuficientes, y los criminales, mejor equipados, lograron evadir la captura.
3. La Captura y el hallazgo de caletas con armas y explosivos pertenecientes a grupos narcoterroristas: En estas operaciones, las fuerzas armadas necesitaron refuerzos aéreos para asegurar la zona. Sin embargo, la incapacidad del gobierno para activar la flota aérea hizo que se perdiera un terreno clave en la lucha contra los grupos armados ilegales.
4. El debilitamiento deliberado en cuanto al liderazgo que mina la capacidad operativa de la fuerza pública: Mientras los grupos armados fortalecen sus capacidades, el gobierno parece decidido a desarmar y desmotivar a quienes tienen la tarea de combatirlos. No solo es evidente en la inoperatividad de los helicópteros, sino también en la falta de recursos para logística, debilitamiento de la inteligencia y ausencia bienestar de los uniformados. Esta actitud alcahueta con el terrorismo envía un mensaje claro: los intereses de los ilegales están siendo priorizados por encima de la seguridad de los ciudadanos.
5. El Ministerio Público exige cuentas: Al fin un funcionario que se pellizca y se convierte en doliente activo. El reciente llamado del Ministerio Público al Ministerio de Defensa para explicar esta situación ha sido contundente. Sin embargo, las respuestas ofrecidas dejan más dudas que certezas. ¿Cómo puede el gobierno justificar la incapacidad de mantener activos los recursos básicos de la defensa nacional? La falta de transparencia y de soluciones concretas sigue alimentando la percepción de abandono hacia las fuerzas armadas.
De lo anterior podemos concluir que la realidad nacional en materia de defensa es que nos encontramos en un punto de máxima crisis. El debilitamiento de la capacidad operativa del Ejército Nacional y de las demás fuerzas, no es un error, sino una decisión política que refleja el poco interés del gobierno por garantizar la seguridad del país. Mientras se otorgan prebendas a los narcoterroristas y se busca negociar una falsa paz, la fuerza pública es relegada casi al olvido, perdiendo la capacidad de cumplir su misión constitucional. La pregunta es: ¿hasta cuándo permitiremos que la seguridad de Colombia sea tratada con tan poca seriedad?