Por: Silverio José Herrera Caraballo Abogado, Oficial (R) Ejercito Nacional, comunicador, asesor, consultor , investigador y analista en seguridad, convivencia ciudadana y orden público

La primera quincena de enero de 2025 nos trae malas noticias para los trabajadores, las familias y los sectores sociales más vulnerables del país. La incertidumbre se ha instalado nuevamente en la vida diaria de miles de colombianos, producto de decisiones del gobierno que, lejos de ofrecer soluciones, agravan la crisis económica, laboral y social. La propuesta de recortes presupuestales anunciada por el gobierno en medio de la crisis fiscal, unida a los posibles efectos colaterales sobre el sector vivienda, ha dejado a 900,000 trabajadores del país en una situación de extrema vulnerabilidad. A esta preocupación se suman los recientes hechos en seguridad, con la captura de un miembro de la UNP implicado en negocios de compra y venta de armas y municiones con las disidencias de las Farc, en medio de un clima generalizado de inseguridad.

Recortes Presupuestales: Un Golpe a los Trabajadores y la Confianza perdida en el gobierno. La medida anunciada por el Ministerio de Hacienda, enmarcada en un plan de austeridad para reducir el gasto público en 12 billones de pesos, ha generado un sinfín de reacciones adversas. Entre las entidades más afectadas se encuentran la Agencia Nacional de Tierras, el ICBF y el Ministerio de Salud. Sin embargo, lo que realmente debería preocuparnos es el impacto que esta medida tendrá sobre la vida de 900.000 trabajadores colombianos, muchos de ellos contratados bajo modalidad de prestación de servicios, quienes están en la cuerda floja de perder su fuente de ingreso. La pregunta es: ¿Por qué razón los recortes no lo hacen en la exacerbada burocracia del gobierno?

El gobierno ha decidido dar un paso atrás en el impulso de los programas sociales que eran fundamentales para mitigar la pobreza, la desigualdad y la exclusión, contrario a lo que fueron sus promesas de campaña y con lo que convenció a los incautos que hoy están arrepentidos. De la noche a la mañana, estos trabajadores, que desempeñan labores claves en la atención a sectores vulnerables, la salud y la justicia social, se verían desplazados por una decisión que deja en evidencia la falta de un plan coherente de gestión fiscal y de sostenibilidad social. Si bien la crisis fiscal es real y requiere medidas para equilibrar las cuentas del país, esta decisión peca de falta de visión estratégica. Reducir el gasto en sectores esenciales no hará más que profundizar la desconfianza de la ciudadanía en un gobierno que, hasta el momento, ha demostrado ser incapaz de equilibrar las demandas sociales con la necesidad de prudencia fiscal.

Vivienda: El Fin de “Mi Casa Ya” y el Impacto en las Familias de Bajos Ingresos. Otro de los sectores golpeados por las decisiones del gobierno es el de la vivienda. El programa "Mi Casa Ya", que durante años ha sido una de las principales vías de acceso a vivienda para millones de colombianos de estratos bajos y medios, enfrenta un fin incierto. La eliminación de este subsidio y la desaparición de su beneficio podría elevar las cuotas de los créditos hipotecarios hasta un 40%. Esta decisión no solo hace aún más inaccesible el sueño de la casa propia para las familias de bajos recursos, sino que también tiene un impacto directo sobre el sector constructor, que veía en estos programas una vía para impulsar la recuperación económica.

El costo de la vivienda en Colombia, ya de por sí elevado para muchas familias, se disparará aún más, afectando directamente a quienes ya luchan por acceder a un techo digno. Esta situación evidencia la falta de un plan claro y efectivo para reactivar el mercado de la vivienda y proteger a los sectores más vulnerables. Si el gobierno no actúa con rapidez, podríamos enfrentar una crisis inmobiliaria que afectaría aún más a las clases medias y bajas.

Seguridad y orden público: la violencia está sin control y el gobierno no se hace doliente del pueblo. En medio de esta crisis económica y laboral, la situación de seguridad no mejora. La reciente captura de un hombre señalado de transportar armas para las disidencias de las Farc, en un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Fiscalía, resalta la inestabilidad que persiste en muchas regiones del país. Aunque este es un paso positivo en la lucha contra el crimen organizado, también evidencia la fragilidad de la situación de seguridad y orden publico. Los colombianos seguimos siendo testigos de la proliferación de grupos armados ilegales y la incapacidad del gobierno para garantizar la protección de las comunidades y, sobre todo, de quienes están en la primera línea de defensa: la Fuerza Pública.

Los ciudadanos se sienten desprotegidos ante un gobierno que parece estar más enfocado en sus promesas de un cambio irreal, que en consolidar el orden y la seguridad en todo el territorio nacional. La violencia no cede y las bandas criminales siguen avanzando en su control de territorios, con un Estado que muestra signos de debilidad en su capacidad de respuesta.

Un Llamado a la acción y a la responsabilidad. La realidad que vivimos los colombianos en este inicio de 2025 es alarmante. Un gobierno que llegó al poder prometiendo cambiar las estructuras del país ha dejado claro que los cambios no serán inmediatos ni necesariamente positivos. Los recortes a los trabajadores del Estado, el fin de programas sociales cruciales como "Mi Casa Ya" y la constante incertidumbre en temas de seguridad demuestran que el rumbo de la administración actual está siendo marcado por decisiones que, lejos de mejorar la situación, solo incrementan la angustia social.

El llamado es claro: el gobierno debe actuar con responsabilidad. Las medidas de austeridad son necesarias, pero no pueden implementarse a costa de los sectores más vulnerables de la población. Las decisiones en torno a la vivienda deben ser repensadas, buscando siempre la inclusión social. Y en términos de seguridad, la capacidad del Estado para defender la vida de los colombianos no puede seguir siendo puesta en duda.

El futuro de los trabajadores, de las familias y de los sectores vulnerables del país está en juego. La pregunta es si el gobierno tiene la voluntad y la capacidad para tomar decisiones que realmente prioricen a los colombianos más necesitados o si continuará dejando que la desconfianza y la frustración sigan ganando terreno. La acción es urgente.