Por: Mariano Martinez Ospina @MarianoMOspina
La desinformación se combate con información objetiva. Y ahora más que nunca se necesita comprender la complejidad del funcionamiento de la economía de los países frente a sus dinámicas políticas, independientemente de su estabilidad. Afganistán es un caso que nos puede servir de ejemplo.
Muy pocas cosas pueden llevar al consenso a los adversarios políticos en países tan polarizados como la mayoría de los de nuestra región y una de esas es que se necesita un nivel de competencia y experiencia coherente con el desempeño de tareas y funciones por parte de los sujetos de la administración pública. Llámese ministro, director, gerente, presidente corporativo, rector… siempre se mirará su hoja de vida, experiencia, resultados y nivel de estudios coherente con el cargo.
Ejemplo práctico es la coincidencia entre los sectores más radicales de la oposición al nuevo gobierno en Perú -fujimoristas y no fujimoristas- al sintonizar en que los nombramientos de ministros fueron equivocados en cuanto a la idoneidad del cargo y asumir la gran responsabilidad de dirigir un país.
Este criterio sirve para poner el justo medio hacia el tema transversal de estas líneas, verbi gracia, la economía y la administración como base y sentido primario del bienestar individual y colectivo, siempre y cuando se respeten los componentes del Derecho Natural (vida, libertad y propiedad). Y así: comprender el funcionamiento de la economía -legal e ilegal- de Afganistán a través de su historia reciente y cuáles podrían ser las fortalezas de una de las naciones con mayor índice de pobreza en el mundo, pero al mismo tiempo ubicado en un enclave geográfico de gran diversidad étnica y cultural.
Afganistán cuenta con una población de 32 millones de habitantes, cuyo nivel de vida es muy bajo según la estimación del índice Per Cápita -el nivel medio de ingresos de cada ciudadano de un país- que en 2019 fue de 524 euros al año, es decir unos 44 euros mensuales aproximadamente, que en la tasa actual de cambio a pesos colombianos serían unos $196.500, cifra muy por debajo de la línea de pobreza en nuestro país que este año se encuentra en $331.688 -obviando el debate académico de la medición de este indicador en Colombia durante los últimos quince años-. Apreciado lector o lectora, pregúntese a usted mismo si podría vivir de manera digna, al menos supliendo lo básico para usted y los suyos con dichas cantidades de dinero…
Y aquí es donde confluyen los indicadores de libertad económica con los que muestran el nivel de vida de los países, los cuales a medida que pasen los días de la reconquista del poder por parte del régimen talibán ante la salida de las tropas de los Aliados después de veinte años de intervención militar que no sirvieron para consolidar ni un gobierno nacional firme, ni una democracia estable ni mucho menos una economía atractiva para nadie…para nadie que quiera invertir fuera de los esquemas de la guerra, el narcotráfico, la trata de personas y la asistencia social humanitaria -sí, porque la caridad y la filantropía son una rama de la economía que donde hay más carencias para la dignidad humana, más crece-. Esto pese a que solamente los Estados Unidos según cifras calculadas por los informes oficiales ha gastado en el lapso de ocupación más de 2 billones de dólares -aproximadamente 300 millones al año-.
Según el Índice de Libertad Económica 2021 de la Fundación Heritage con indicadores tomados del gobierno democrático de la desaparecida República Islámica de Afganistán, esta se encuentra en el puesto 146 en cuanto a la Libertad Económica, donde los únicos indicadores que iban al alza eran el de Gobierno estable (29.1) y el libre comercio (68.6).
Colofón a lo anterior, el Banco Mundial en el año 2019 establece que el 22% del PIB afgano proviene de las ayudas de cooperación internacional para el desarrollo, lo que para muchos economistas de tendencia liberal austriaca es la prueba de que existe por parte tanto de las élites locales que ascienden gracias a la intervención militar extranjera un diseño de la economía para que no sea productiva sino para que su base sea el asistencialismo y la filantropía. Esto conlleva a la corrupción desaforada, que con el 29% del PIB invertido en gasto de defensa y seguridad es la presa más apetecida para su florecimiento, que como consecuencia destruyó el mismo sistema político del cual vivían estas élites.
Es una economía de contrastes la afgana: mientras en el año 2014 solamente se registra la creación de cuatro (4) empresas, países como Sri Lanka y Nepal que en los últimos 30 años han tenido situaciones de inestabilidad política, aislamiento y conflictos civiles tienen un mayor desarrollo empresarial y de atracción de inversión extranjera, principalmente del turismo.
No obstante, una producción natural que curiosamente creció durante los años de la intervención extranjera fue la amapola, de la cual se extrae la heroína, la droga más costosa y adictiva de los opioides existentes. Según cifras de la ONU en 2001 había 8 mil hectáreas de amapola en todo el país, mientras que en 2020 existían más de 224 mil hectáreas. ¿Tendrá esto que ver con la rampante y descarada corrupción y mediocridad administrativa del gobierno local afgano? ¿Quién se beneficiaba de las ganancias de tener el control y la producción del 85% de la producción de opio en el mundo además de las rutas internacionales de distribución?
En la próxima entrega seguiremos con el análisis histórico de la economía afgana en los diferentes gobiernos, para continuar descubriendo los mitos y realidades sobre este país que mucho tiene que ver con nosotros, al punto que pronto veremos a sus ciudadanos en nuestras ciudades como escena cotidiana.