Por: Jonathan Delgado
Según Nicolás Gómez Dávila “la retórica cultural reemplaza hoy la retórica patriótica, en las efusivas expectoraciones de los tontos”, así pues, me asalta una serie de inquietudes frente al papel que desempeña el “presunto derecho a la protesta”, frente a las garantías democráticas de aquellos que ganaron las elecciones y respetan la institucionalidad y la legitimidad de los derechos.
Lo digo por lo sucedido en los últimos años ya que son hechos notorios y llaman la atención; uno es el caso del plebiscito del año 2016, momento en el cual el “NO” triunfo en contra del proceso de paz, es decir ganó la democracia. Sin embargo, por razones que al día de hoy no se logran comprender, se desconoció el mandato del constituyente primario, porque lo reitero ¡la democracia gano!
El segundo caso, se da con la votación que eligió al presidente Iván Duque, un asunto bien particular porque a todas luces, el constituyente primario respaldo dicha elección por el contenido de los programas que prometían dar marcha atrás a los Acuerdos de la Habana, cosa que al día de hoy simplemente no ha ocurrido.
Y ahora la “retorica cultural”, esa que dice ser progresista, secuestra nuevamente la democracia que triunfa en las urnas, esa mayoría que es derrotada por el establecimiento por unas minorías abusivas que se imponen con sus marchas, alegando su “presunto derecho a protestar”. Lo anterior genera las siguientes reflexiones:
La primera radica en la siguiente ¿Cuál sería la razón de hacer elecciones y para qué? si en últimas se desconoce la voluntad del constituyente primario y termina siendo apedreado por una parte del todo, en este caso los presuntos manifestantes o en su defecto desconocido por él régimen.
La segunda expone la ausencia de carácter por parte del gobierno y la falta de recta impartición de justicia, ya que se permite sacrificar los derechos de aquellos que no quieren participar en las marchas, los derechos de aquellos que respetan la legitimidad y el orden social democrático de esos que son mayoría, que ganan elecciones en las urnas y no utilizan armas, y frente a este asunto es evidente que el “presunto derecho a la protesta”, no es más que una desobediencia civil mal intencionada que violenta los derechos de los ciudadanos de bien, y que en últimas es una forma directa de agresión al constituyente primario.
Tercero, es incuestionable que existe un irrespeto a la Carta Política por parte de los presuntos manifestantes, pues desconocen otras cosas a la sociedad civil, la expresión política de la democracia, la honra y el orden público.
En ese orden solo surgen interrogantes como, por ejemplo:
¿Cómo se considera legitimo el derecho a la protesta cuando se desconoce la concertación democrática?, ¿cómo se puede hablar con aquellos que lo único que saben hacer es destruir e irrespetar las libertades democráticas de los otros ciudadanos?, ¿será acaso que en la maltrecha democracia colombiana no existen otros derechos que deban ser garantizados por la justicia aparte del mal denominado derecho a la protesta?
Ojala quizás esas buenas intenciones de algunos candidatos presidenciales eviten “nuestra división”, porque como bien lo dijo el Libertador al General Piar “... pequeñas divisiones no pueden ejecutar grandes planes”.