En las últimas semanas, el gobierno ha dado a conocer los nuevos protocolos para la reactivación de las jornadas pedagógicas de las FARC y su respectiva autorización para que dichas jornadas se desarrollen en gran parte del territorio nacional. Esto con el fin de “aliviar” los inconvenientes sostenidos a finales de febrero cuando miembros del secretariado ejercieron proselitismo armado sin autorización supuesta del ejecutivo.

En las últimas semanas, el gobierno ha dado a conocer los nuevos protocolos para la reactivación de las jornadas pedagógicas de las FARC y su respectiva autorización para que dichas jornadas se desarrollen en gran parte del territorio nacional. Esto con el fin de “aliviar” los inconvenientes sostenidos a finales de febrero cuando miembros del secretariado ejercieron proselitismo armado sin autorización supuesta del ejecutivo.

Sin embargo, la reactivación de las mismas ha dejado a su paso vacío de poder que ha permitido que miembros de las FARC y el ELN promulguen alianzas que atentan contra la legitimidad, seguridad y democracia nacional. En concreto, los protocolos establecidos, dados a conocer por el ejecutivo a principio del mes de marzo, fungen y establecen normas y procedimientos que van en contra de la carta magna nacional. En este se establece, como principales normas, el desarrollo de actividades, principalmente en campamentos del grupo guerrillero, la no autorización de la prensa para divulgar el contenido y comunicados que allí irán a transmitir y, lo más grave, la suspensión de operaciones militares en las zonas de visita del grupo insurgente afectando la seguridad de la población civil que allí habita, obligando a las fuerzas militares  a prestar sus servicios para protección de los insurgentes.

Con el crecimiento de la extorsión y la cocaína en Colombia, esta última puede nacer de la ilegitimidad y pasividad del alto ejecutivo al facilitar a través de las pedagogías el posterior contacto de miembros de las FARC con el ELN en  Zonas como la de Cauca, afectadas por los últimos ataques del ELN, el Valle y Nariño, establecidas igualmente como zonas especiales de jurisdicción especial, y en las cuales habrían aumentado el número de ataques contra la población civil.

Lo más grave es que los protocolos establecidos para una libre movilización por regiones del país, y la no presencia de la fuerza pública en dichas zonas habrían permitido la concentración masiva de algunos miembros de los dos mandos en regiones con alta influencia armada en la que se ubican tanto las FARC como el ELN. De esta forma, el recrudecimiento del conflicto en las últimas semanas, estaría llevándose a cabo en estos momentos, donde posibles desmovilizados de la FARC, habrían llegado a un acuerdo para tener más presencia en las zonas, originando una poderosa articulación para no perder la influencia, las zonas de concentración y el negocio del narcotráfico.

A este probleman se suman las labores de apoyo de las FARC en ataques perpetrados por el ELN a la población civil y que ha dejado un sin número de desplazados en el departamento de Chocó y los pactos documentados de las dos fuerzas insurgentes en el departamento de Arauca en actividades de articulación en tareas de infiltración a movimientos desarrollados por las fuerza pública.Así, el país está viviendo una situación extremadamente difícil. A un lado esta la impunidad de los actos cometidos por miembros de las FARC, la alianza de los mismos con el ELN y el silencio campante del alto ejecutivo; por el otro, la pasividad de la fuerza pública que dominada por el gobierno central esta inhabilitada para desarrollar sus tareas como la constitución lo establece, lo que recrudecería el conflicto con la autorización de pedagogías armadas en territorio donde –a petición del gobierno- no rige el ordenamiento jurídico.

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